La apropiación del poder en manos de unos pocos (autocracia), se ha convertido en un mal muy extendido en el mundo: Siria, Egipto, Filipinas, Hungría, Túnez, Irak y Venezuela, entre otros, y a los que se une el caso de Nicaragua.

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) nos descubre la realidad de los refugiados nicaragüenses -más de 60.000 personas- que han salido del país en dirección a Panamá, EEUU o México; destacando sobre manera el caso de Costa Rica que se ha convertido en el principal país receptor de ciudadanos nicaragüenses. En el informe del 2019 de Human Rights Watch se subraya la dura realidad nicaragüense, con la confirmación del uso de medios represivos por el Gobierno y por grupos armados afines, y con la confirmación de más de 300 muertos y cerca de 2.000 heridos en los diferentes enfrentamientos que están teniendo lugar en el país.

El informe expresa la dura presión que sufren los medios de comunicación, siendo un ejemplo el allanamiento del medio de noticias El Confidencial y la detención de los máximos responsables del canal nicaragüense 100% Noticias; y los despidos arbitrarios del personal sanitario y docente -cerca de más de 180 profesionales- por apoyar las protestas o simplemente por asistir a los heridos de las manifestaciones.

Ante esta realidad se han producido intentos por encauzar la situación a través del Mecanismo Especial de Seguimiento de Nicaragua creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), junto al nacimiento del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes -acordado por la Organización de Estados Americanos, el Gobierno nicaragüense y la CIDH-, dos mecanismos que, sin embargo, el canciller Denis Moncada decidía a finales del 2018 dar por acabados y expulsar a sus miembros, ya que se consideraba que su labor suponía una clara «injerencia externa».

De crisis política a humanitaria

En los informes finales presentados quedaba clara la existencia de delitos de lesa humanidad por la autoridad nicaragüense, así como una posterior a resolución del CIDH que exigía al Gobierno nicaragüense la puesta en libertad de varios detenidos. Sin olvidar la sesión temática del Consejo de Seguridad sobre el país en septiembre de 2018, y la expulsión del equipo del Acnudh, junto al informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU que instaba al reforzamiento de la vigilancia sobre la situación de desprotección de los derechos humanos en Nicaragua.

Al igual que en otras tristes experiencias políticas fracasadas, y que vienen produciéndose desde el 2011, la crisis política del modelo autocrático nicaragüense está derivando en una desprotección de los derechos humanos que puede conllevar a la más absoluta inestabilidad y el desencadenamiento de una crisis de mayor calado nacional y regional.