La crisis actual ha profundizado y ahondado las enraizadas desigualdades latentes en nuestra sociedad, fruto de los recortes en políticas públicas, la precariedad laboral y los insuficientes ingresos fiscales para reducirlas. A medio plazo, el choque económico derivado de esta pandemia apunta a un importante aumento de la pobreza y la desigualdad, como resultado del mayor impacto relativo sobre las rentas más bajas y las personas más vulnerables.
La situación vivida también ha puesto de manifiesto la importancia de los impuestos. Estos sirven para financiar unos servicios públicos que se han revelado cruciales. De hecho, muchas de las voces que habitualmente piden rebajas de impuestos también han sido las que durante las semanas más duras se quejaban de la falta de recursos del sistema nacional de salud.
La precaria situación fiscal e impositiva que arrastra España limita sus capacidades para hacer frente a las consecuencias económicas, primero, y a las necesarias políticas de recuperación y de estímulo, después, tal y como apuntamos en nuestro último informe Una nueva fiscalidad para que nadie quede atrás .
Desde Oxfam Intermón proponemos medidas fiscales urgentes, que se vean reflejadas en los presupuestos del 2021, para sostener los servicios públicos y paliar el impacto socioeconómico de la pandemia en España. Las medidas van encaminadas a gravar la riqueza, el capital y a las grandes empresas.
En relación al PIB, España recauda cuatro puntos porcentuales menos que la media de la Unión Europea. Además, no lo hace de manera justa, ya que el peso de la recaudación (83%) recae sobre las familias, mientras que las empresas solo contribuyen con el 11%.
Entre las medidas urgentes que pedimos está la creación de un impuesto excepcional de duración limitada para las empresas que han visto aumentar su facturación y sus beneficios de manera extraordinaria.
Además, la adopción de un impuesto sobre los servicios digitales y un impuesto a las transacciones financieras, incluyendo productos derivados, que recaería sobre los operadores financieros sin apenas impacto sobre la ciudadanía o sobre la economía real.
Alertamos también sobre que, en el corto plazo, la caída de la actividad económica supondrá una importante bajada de los ingresos tributarios y, por tanto, el Estado tendrá menor capacidad para reducir el impacto social y económico provocado por la pandemia. Es posible, y necesario, pedirle un mayor esfuerzo fiscal a quienes se han visto beneficiados por las circunstancias.
En paralelo, las empresas que reciban recursos públicos durante este periodo deben comprometerse a tener un comportamiento fiscal responsable. No podemos consentir que ni un euro de los limitados recursos con los que cuenta el Estado acabe en paraísos fiscales o se destine al reparto de dividendos o bonos, porque su objetivo al apoyar el sector privado es evitar la destrucción masiva de empleo y mantener con vida el tejido empresarial de este país.
Todas las medidas propuestas permitirían, en situación de normalidad económica, recaudar unos 10.000 millones de euros más cada año. Recursos suficientes para tapar, casi en su totalidad, la brecha de 12.000 millones de euros que separa el gasto en protección social en España de la media europea. España tiene ante sí un amplio recorrido para conseguir que el gasto público sea una herramienta efectiva en la lucha contra la desigualdad y la pobreza.
