S i las previsiones se cumplen, el 2021 será el año en que se negocie y apruebe la reforma del sistema español de cooperación para el desarrollo. Y el contenido de la nueva ley que emane del parlamento «será muy importante para saber si España será capaz de dar respuesta a los retos que enfrentamos en todo el mundo», sostienen desde la Coordinadora de Organizaciones de Desarrollo.
Las oenegés de desarrollo españolas, cuyos intereses representa la Coordinadora, han estado nueve meses debatiendo y trabajando su propia propuesta de reforma, que ha quedado plasmada en un documento titulado ‘Nuevo sistema de cooperación para transformar el mundo’. Este pretende ser una hoja de ruta que ayude a los legisladores a renovar el sistema de cooperación para que sea capaz de responder a los nuevos desafíos que entraña la complejidad sin precedentes del momento histórico actual, marcado por la superposición de múltiples crisis (ecológica, sanitaria, alimentaria, democrática...) y una desigualdad extrema. Y, de paso, lo fortalezca para cumplir con los compromisos internacionales adquiridos por España, como la Agenda 2030 y el Acuerdo de París.
«Para ello es necesario un sistema de cooperación ambicioso y comprometido, que promueva la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible y que sea capaz de responder de forma transformadora y vanguardista a los retos globales», explican las oenegés en el documento consensuado.
Además, la pandemia y la crisis asociada han hecho saltar por los aires las débiles estructuras económicas, sociales y de salud en muchos países, cebándose en los colectivos más vulnerables. Esto ha evidenciado la interdependencia de las sociedades globalizadas y la ecodependencia del ser humano como especie.
En definitiva, el covid-19 «ha puesto de relieve que la cooperación debe ser una política estratégica para apoyar a las poblaciones que más están sufriendo sus consecuencias, para promover bienes públicos globales, como la salud, y construir sociedades más resilientes y coherentes con el desarrollo sostenible, la igualdad, los derechos humanos y la democracia», reza la hoja de ruta de la Coordinadora. «En definitiva, ha puesto sobre la mesa la necesidad de salir de la crisis con un nuevo contrato social, económico y político, que acelere las transformaciones señaladas por los acuerdos internacionales».
El actual sistema de cooperación española se forjó a finales del siglo pasado, impulsado por el viento de cola de las utopías internacionalistas y alterglobalizadoras de una ciudadanía que acampó para exigir el 0,7% y se movilizó contra la pobreza. Por primera vez, se consolidaba en España la base social necesaria para la construcción de un entramado solidario homologable al de otros países de la comunidad de donantes del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE.
Una vez más, fue la ciudadanía la que marcó el camino a los gobernantes. Y el fruto fue la ley de cooperación internacional de 1998, actualmente en vigor, que estructuró este sistema alrededor de cuatro ejes: el consenso político, su carácter descentralizado y de capilaridad territorial, la participación de los agentes sociales y la movilización ciudadana.
El objetivo central de aquella norma «sigue siendo válido», aclaran las oenegés. La lucha contra la pobreza, la promoción de derechos, del desarrollo sostenible y del bienestar y la consolidación de la democracia «deberían seguir siendo la principal bandera de un nuevo sistema. Sin embargo, es necesario su adaptación a los retos actuales», puntualizan.
Dos décadas después de la aprobación de la ley de cooperación, el diagnóstico que hacen las entidades de desarrollo es de “un sistema disfuncional y fragmentado”. Y lastrado todavía por los «bandazos» entre la época de crecimiento exponencial durante los años de la burbuja y los profundos recortes, degradación de capacidades y abandono político de la denominada «década perdida».
Por el camino se ha perdido la mitad de los recursos de la ayuda oficial al desarrollo. En el 2019, España se situaba como uno de los peores donantes de la OCDE, por detrás de Hungría, con un 0,19% de esfuerzo de ayuda. Y ostentaba el trofeo de la cooperación más inflada y menos genuina de Europa. Esto es, en ese magro porcentaje del PIB dedicado a esta materia, hasta el 12,7% de las partidas que el Gobierno contabilizó como cooperación internacional no puede considerarse tal, como los fondos para atender a refugiados en suelo nacional (eso serían políticas sociales) o condonaciones de deuda a terceros países.
El objetivo central que se propone la Coordinadora de Organizaciones de Desarrollo es construir un sistema de cooperación vanguardista –es decir, feminista y ecologista–, capaz de responder de forma transformadora a los retos globales e impulsar un mayor rol de España en la escena internacional.
Las oenegés demandan una política de cooperación «ambiciosa, creíble», que alcance el 0,7% de PIB en ayuda oficial al desarrollo, que promueva «la coherencia de políticas como compromiso con la Agenda 2030 y con los derechos humanos» y que ayude «a definir nuestro papel en el mundo en las próximas décadas». Pretenden que estas políticas conecten con «el sentir mayoritario de la sociedad» y apuesten por «una mayor resiliencia democrática, haciendo de la solidaridad internacional un elemento de cohesión y antídoto frente a discursos de odio y fundamentalismos».
Es el momento de que el Ejecutivo «haga valer el compromiso realizado en el pacto de gobierno de alcanzar al final de legislatura el 0,5% de recursos» en ayuda al desarrollo –10% de ellos en ayuda humanitaria–, «fortalecer» la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID)» y aprobar una nueva ley «que recoja las demandas de la sociedad civil», concluyen en su propuesta de renovación. «Apelamos a la razón de Estado para concitar la implicación de todas las fuerzas políticas y actores sociales en una reforma que, desde el consenso, alumbre soluciones integrales –y no cosméticas– para las próximas décadas». H
