Han pasado ya cinco años desde que el mundo se estremeciese con la imagen del pequeño Aylan Kurdi muerto en la playa. Cinco años de promesas políticas incumplidas y de horrores convertidos en rutina para la infancia migrante y refugiada. Cinco años en los que demasiados niños y niñas como Aylan han perdido la vida en el mar.
En todo este tiempo, Europa ha dado la espalda a 210.000 niños y niñas refugiados no acompañados que han buscado asilo dentro de nuestras fronteras: muy pocos menores han logrado acceder a la protección internacional y la mayoría ha escapado para reunirse con sus familias o por miedo a ser deportados, quedando fuera de los mecanismos de registro y enormemente expuestos a la explotación y el abuso.
Los debates en Europa ya no se centran en la protección de las personas solicitantes de asilo, sino en la protección de las fronteras. En los últimos cinco años, la detención de familias o de adolescentes que viajan solos, prácticas que cuestionan seriamente el respeto a los derechos humanos, se han convertido en algo tolerado e incluso aceptado.
La solidaridad que se generó tras la muerte de Aylan no ha terminado de calar en la sociedad y tampoco ha habido voluntad política real para poner en marcha un mecanismo de reubicación adecuado. Es importante que la UE no olvide sus tratados fundacionales e internacionales, especialmente la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. En el nuevo Pacto Europeo de Migraciones y Asilo tenemos la oportunidad de recopilar los aprendizajes de los últimos años para no cometer los mismos errores.
Debemos poner a la infancia en el centro de las decisiones políticas, considerar todos los factores que rodean a los niños y las niñas y optar por aquella opción que garantice sus derechos, incluyendo, sin duda, el de ser escuchados. De esta manera se respetaría el interés superior del menor, un concepto que pese a estar recogido en las distintas legislaciones de asilo y migraciones, no se está implementando en procedimientos como el de asilo, el de retorno o la determinación de la edad.
Recientemente hemos visto el campo de refugiados de Moria, el más grande de Europa, reducirse a escombros y cenizas. Más de 12.000 personas, entre ellas 4.000 niños y niñas, se han quedado sin el único espacio de acogida del que disponían. Aunque la comisaria europea de Asuntos Interiores, Ylva Johansson, ha anunciado el traslado al continente de 400 niños y niñas no acompañados, el reto en las islas griegas sigue siendo de enormes dimensiones y la respuesta europea parece llegar demasiado tarde.
La mejor garantía para mantener a los niños y las niñas seguros y protegidos es una inversión continua en sistemas sólidos de protección infantil, incluso como parte de las legislaciones de asilo y migración. Debemos apostar por establecer vías legales y seguras que protejan a la infancia y no por la externalización de las fronteras europeas. Solo así podremos evitar que haya más viajes como el de Aylan.
