La Red Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión, que integra en la actualidad a 51 organizaciones, intervino la semana pasada ante la Comisión de Comparecencias de las Cortes de Aragón para pedir a todos los grupos políticos «consenso» y «compromiso» para aprobar la Ley de Renta Social Básica. Los potenciales perceptores de este ingreso serían 212.000 personas, el 20% de la población de Aragón.

Daniel Gimeno, presidente de la red, aseguró no entender cómo en temas tan sensibles y cruciales, que afectan directamente a la ciudadanía más desfavorecida y vulnerable de esta sociedad, no se consigue llegar a ningún acuerdo, cuando la cuestión social debería estar por encima de todo. «Nosotros somos 51 organizaciones y nos ponemos de acuerdo. Hay salvedades, porque cada una piensa de una manera, pero llegamos a consensos. ¿Cómo es posible que siete partidos políticos no sean capaces?».

Francisco Galán, miembro de la junta directiva de la red, invitó a los distintos partidos políticos a ver esta ley como la ven las entidades sociales, «como un instrumento global» que, aunque no es perfecto, «es una herramienta básica que busca favorecer la atención integral de las personas más vulnerables de la sociedad».

Desde la red también informaron de que no renuncian a un instrumento como la renta universal, pero para llegar a ello hay que trabajar paso a paso, y la aprobación de la ley de renta básica es el comienzo. «No queremos la reforma del IAI, queremos una ley más progresiva», manifestaron. Por ello, solicitaron que esta norma legal «sea una realidad» antes de finalizar esta legislatura.