Colombia sufre una ola de violencia provocada principalmente por una lucha por el control del territorio y de los recursos naturales, en la que intervienen desde empresas extractivas hasta grupos armados, ya sean guerrillas o bandas criminales, y que se ha cebado con quienes defienden las comunidades afectadas, especialmente con las mujeres, un «blanco claro».

«Yo diría que la situación que vive Colombia es muy crítica, muy compleja, muy preocupante y, sobre todo, muy avergonzante ante la mirada internacional», dice Jaqueline Romero, una wayuú de La Guajira que denuncia las consecuencias de la minería en este pueblo indígena y en sus tierras ancestrales.

«Pareciera incomprensible que después de firmar un acuerdo de paz hayan aumentado las cifras de asesinatos a líderes sociales», reconoce, pero es lo que ha ocurrido. Desde que el Gobierno y las FARC acordaron poner fin a la guerra, en 2016, más de 460 han muerto víctimas de la violencia, según cifras oficiales, si bien el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) habla de más de 700.

Romero culpa a «los señores de la guerra» que hay fuera y «dentro del Estado». «Hay un interés en que el conflicto tiene que permanecer porque es negocio y, cuando se da este intento desde la sociedad civil, (...) se contraataca», explica.

El negocio del conflicto armado, apunta la líder indígena, son los recursos naturales, «ya sea el agua, el aire o el sol». Por un lado, está el interés del Estado, porque «el modelo económico de Colombia está basado en el extractivismo», de modo que las políticas públicas están diseñadas para poner a producir estos recursos. Y, por otro, están los grupos armados «conectados con la estructura institucional».

En este contexto, «las mujeres en cualquier momento somos blanco de cualquier cosa», lamenta Luz Amparo Vásquez, nacida y criada en el campo de Cundinamarca. Del total de activistas asesinados, 55 eran mujeres y en el primer timestre de 2019 los ataques contra ellas se han disparado un 97% respecto al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con el informe Mujeres defensoras de los derechos agrarios, ambientales y territoriales en Colombia, presentado este miércoles por Oxfam Intermón. Romero sostiene que la violencia que se usa contra ellas y el impacto que tiene son distintos fruto de un «sistema patriarcal» que llevan sufriendo «toda la vida».