En Aragón, la reforma legal con la que el Partido Popular puso fin a la universalidad del acceso a la asistencia sanitaria en España dejó fuera del sistema a unas 30.000 personas.
Una de las primeras reacciones que se produjeron en esta comunidad autónoma fue la creación de la Plataforma Salud Universal, integrada por oenegés, asociaciones de inmigrantes, entidades sociales, partidos políticos y sindicatos. Desde su nacimiento no ha dejado de movilizarse en las calles para exigir la derogación de la reforma sanitaria ni de hacer un trabajo de incidencia política.
La última institución que ha mostrado su rechazo al fin de la sanidad universal en España ha sido la ONU.
El pasado 3 de abril, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas llamó al Estado español a tomar medidas para que los migrantes en situación irregular tengan acceso a todos los servicios de salud necesarios.
El último informe del comité de seguimiento del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas insta al Gobierno a poner fin a las medidas de austeridad impuestas en los últimos años por su impacto desproporcionado sobre los grupos y personas más excluidos, al favorecer el incremento de la desigualdad y del riesgo de pobreza entre estos colectivos.
Este informe determina que la reforma ha tenido un efecto regresivo en el disfrute del derecho a la salud, ya que no solo ha limitado el acceso a personas inmigrantes, sino que ha implicado una degradación en la calidad de los servicios de salud y ha incrementado las disparidades entre las comunidades autónomas.
El comité reclama al Gobierno de España que tome «las medidas necesarias para que los migrantes en situación irregular tengan acceso a todos los servicios de salud necesarios, sin discriminación alguna, de conformidad con los artículos 2 y 12 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales» de la ONU.
