A lgunas comarcas se recuperan todavía del envite del temporal Filomena. Este cubrió con un espeso manto de nieve buena parte de la península hace semana y media, dejándola helada durante días, con temperaturas tan bajas que hacía más medio siglo que no se vivían registros como los -30ºC que se alcanzaron en Royuela (Teruel).
El paso de Filomena ha puesto en evidencia con toda su crudeza una acuciante necesidad social que en España se ha convertido ya en un problema estructural. Se trata de la pobreza energética, una situación que sufren los hogares que son incapaces de pagar los servicios de suministro de energía mínimos para poder satisfacer sus necesidades domésticas básicas, o que se ven obligados a destinar una parte excesiva de sus ingresos para cubrir esta demanda. Y no son pocos.
«Según los últimos indicadores de pobreza energética, publicados por el Gobierno para el 2019, un 16,7% de los hogares poseían un gasto energético desproporcionado y el 7,6% de la población tuvo problemas para mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante el invierno», señala Cecilia Foronda Díez, directora de Energía y Personas de Ecodes.
Y cuando se conozcan las cifras definitivas del año que acabamos de dejar atrás, estas serán peores. Cruz Roja ya alertaba el mes pasado de que la pobreza energética relacionada con la capacidad de los hogares de mantener una temperatura adecuada dentro de las viviendas ha vuelto a crecer en España y afecta ya al 9,1% de la población.
Tanto esta organización humanitaria como Ecodes, al igual que Cáritas o Greenpeace, han constatado que la pandemia ha disparado la pobreza energética. En el 2020, como consecuencia de la crisis de sanitaria, «el consumo de energía en los hogares se ha incrementado en un 21% debido al confinamiento, lo que equivale a un aumento de las facturas de energía», advierte Cecilia Foronda.
Esto, sumado a la merma de ingresos que han sufrido buena parte de los hogares con rentas más bajas, ha agravado la precariedad en la que ya vivían muchos colectivos vulnerables, «especialmente los mayores y los niños -apunta la técnica de Ecodes-. El incremento en las facturas de energía detrae recursos económicos de otras necesidades básicas y muchas familias se enfrentan al dilema de calentarse o comer”»
Esta situación impacta especialmente sobre las personas vulnerables con las que trabaja Cruz Roja. El 50% de las familias atendidas por la entidad en todo el estado tiene que elegir entre pagar gastos básicos, como llevar una alimentación adecuada, o encender la calefacción.
Para apoyarlas, Cruz Roja desarrolla diferentes acciones que van desde la atención a necesidades urgentes, las ayudas para el pago de recibos o la entrega de kits de eficiencia energética, hasta la participación en talleres de ahorro doméstico. Pero, con la llegada de la pandemia, muchos más ciudadanos han tenido que recurrir a estas ayudas.
«A comienzos de año teníamos el objetivo de atender a 15.000 personas a través de nuestro proyecto de pobreza energética, pero, con el impacto del covid-19, hemos visto cómo las necesidades se han disparado», indica Sara Casas, portavoz del Departamento de Medio Ambiente de Cruz Roja. El aumento ha superado el 15%, y han tenido que asistir a 17.000 personas.
En Cáritas Zaragoza también están viviendo un episodio muy similar. La factura de las ayudas económicas que concede para el pago de suministros como luz o gas y para la adquisición o reparación de sistemas calefactores, como calderas o estufas, pasó de los 36.280,46 euros del 2019 a los 45.611,62 euros del 2020, y el número de beneficiarios subió hasta las 343 personas, frente a las 285 del ejercicio anterior. Solamente las solicitudes para afrontar el pago de la electricidad ya fueron casi el doble, pasando de 109 a 198.
Por su parte, Greenpeace apunta que la lucha contra la pobreza energética pasa por mirar más allá de los bajos ingresos en el hogar y abordar la grave deficiencia energética de las viviendas, la brecha de género o los elevados precios de la energía «sustentados por un oligopolio energético que concentra entre el 80 y el 90% de la cuota de mercado». La organización ecologista propone una reforma del mercado eléctrico para asegurar un suministro sostenible para todos, apostando por la desconcentración y las energías renovables.
