Nuestras sociedades se ven a diario bombardeadas por un sinfín de información que tiene un efecto muy directo en las mismas a través de las opiniones públicas, en muchas ocasiones líquidas y volubles. Bien es verdad que hoy día siguen existiendo canales de difusión de gran fiabilidad, así como fuentes muy reputadas que gracias al apoyo privado mantienen un alto nivel y de calidad en la información que se transmite y gestiona. Sin embargo, junto a ellos se han desarrollado canales que son capaces de llegar a los ciudadanos y que son fuente de desinformación, de opacidad en sus fuentes, puntos de apoyo y modificación en las opiniones públicas. Este mecanismo se da de muchas maneras, incluso el exceso de información provoca desinformación.

En el pasado Eurobarómetro de otoño del 2018, los ciudadanos europeos mostraban una gran preocupación por la profusión y efectos de las noticias falsas y desinformación: cerca de un 70% de los encuestados afirmaban que se producían con demasiada frecuencia distorsiones de la realidad a través de la información, o que su impacto sobre los modelos democráticos tenía una alta preocupación, -cerca de un 80% de los encuestados-.

La Unión Europea ha comenzado desde el 2015 a llevar a cabo acciones en la lucha contra la desinformación, como son: la detección y análisis de la desinformación; un incremento en la cooperación y acuerdos para una mejor respuesta a los desafíos de la desinformación entre los estados miembros; la implicación del sector privado a través del Observatorio de detección de información falsa -denominado SOMA-; y, finalmente, una mejora en las capacidades de las sociedades, siendo un ejemplo de ello el proyecto Lie Detectors. La iniciativa se lleva a cabo desde el Servicio Exterior Europeo, y cabe señalar la creación del grupo de trabajo East StratCom -qué por fin comienza a contar en las partidas presupuestarias comunitarias-. En el 2016 se adoptó un Marco Común relativo a las amenazas híbridas -acción que ataca deliberadamente las vulnerabilidades de los estados democráticos y sus instituciones, a través de una amplia gama de medios políticos y económicos- donde se incluyó la cuestión relativa a la desinformación. Mientras que en el 2018, la Comisión Europea aprueba el denominado Código de Buenas Prácticas con el refrendo de las grandes plataformas sociales que se ven obligadas a informar análisis mensuales sobre dicha realidad. Recientemente, también en las conclusiones del Consejo Europeo de 20 de junio del 2019, el tema de la desinformación recibió una especial atención.

La desinformación ha pasado a ser una cuestión de seguridad real de primer orden, y que cuestiona dos elementos básicos de las sociedades libres: por una parte la legitimidad y, por otro lado, la legalidad. Por tanto, se hace muy importante para la propia existencia del espacio europeo una acción coordinada de los estados, con las instituciones europeas y con el conjunto de sus sociedades, ya que son parte esencial en el problema.