Unicef se pregunta que dónde están los niños y niñas más vulnerables en los Presupuestos Generales del Estado para este 2018, cuyo proyecto presentó el Gobierno la semana pasada. El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, ante la evidencia de los fuertes recortes en las inversiones públicas dedicadas a la infancia en los últimos años, pidió a España el pasado mes de enero que realizase «un aumento de las inversiones en educación y la prestación de servicios públicos en sus Presupuestos Generales del Estado».

Este comité de Naciones Unidas también solicitó a España que adoptase un criterio basado en los derechos del niño a la hora de elaborar presupuestos públicos, y que se especificasen claramente las asignaciones para la infancia. Igualmente, instó al Gobierno a emprender evaluaciones del impacto de las medidas jurídicas y normativas. Y le impelió a definir partidas presupuestarias dedicadas a los niños desfavorecidos o marginados.

Según el primer análisis que Unicef ha realizado del proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2018, este «no atiende a las dos primeras recomendaciones, y tampoco parece atender especialmente a la última de ellas».

Si en los presupuestos del 2017 se anunciaron medidas para la infancia por valor de 340 millones de euros, que finalmente se plasmaron en un incremento real de apenas 20 millones de euros sobre un presupuesto total de 318.000 millones, para este 2018, lo que más llama la atención de Unicef es que los Presupuestos «no se ven apenas orientados hacia los niños y niñas más vulnerables».

En relación con lo anunciado por el Gobierno, Unicef considera que tan solo tres medidas están específicamente orientadas a la infancia: la ampliación del permiso de paternidad en una semana, el cheque guardería de 1.000 euros anuales o el incremento de otras desgravaciones fiscales para familias numerosas. Pero Unicef lamenta que «su carácter de desgravaciones fiscales o de prestaciones ligadas al empleo dificulta el que se beneficien de ellas los hogares con niños con ingresos más bajos o sin trabajo», a menos que «se diseñen como un impuesto negativo».