- ¿Cómo fue su primer Día Mundial del Agua como relator especial de la ONU para el agua y el saneamiento, la semana pasada?

Desde el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra se organizó un acto central con un montón de intervenciones, que lo abría el Papa Francisco. Durante tres meses, un equipo ha estado escaneando opiniones, unas 6.000 conversaciones, en torno al tema del agua. Yo me ocupé de las conclusiones, con una presentación sobre los valores del agua. Fue muy gratificante porque esa investigación me ha ratificado prácticamente en todas las líneas de prioridad que yo establecí públicamente para mi mandato.

- Una obligación de su cargo es presentar dos informes al año, uno en la Asamblea General de la ONU y otro ante el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra. ¿Ya sabe sobre qué tratarán?

La idea del primero me surgió con la noticia de la entrada de Wall Street en el mercado de futuros del agua. Entonces lancé una alerta urgente a nivel global sobre los riesgos de la mercantilización del agua porque los mercados de futuros son el espacio más proclive a las lógicas de la especulación.

- ¿Y el segundo?

A ese lo llamaré, de forma provocativa, "La crisis global del agua en el planeta agua, el planeta azul". Ahora ya no es polémico hablar del cambio climático, como hace diez años, cuando hacerlo te aseguraba salir de la sala de conferencias con una etiqueta en la frente de profesor radical antisistema. Pero hablar del planeta agua es impugnar las líneas de diagnóstico que justifican la existencia de 2.200 millones de personas sin acceso al agua potable como un problema de escasez. Pero no viven el centro de un desierto, son 2.200 millones de personas empobrecidas que viven junto a un lago, un río o un acuífero contaminados. Esas personas se sitúan en la confluencia de dos fallas: la de la insostenibilidad que hemos provocado en nuestros sistemas acuáticos, que es el mayor vector de enfermedad y muerte, y la falla de inequidad y pobreza derivadas de unos sistemas socioeconómicos profundamente inmorales e insolidarios.

- Si el problema es la pobreza, y no la escasez de agua, ¿qué implica que un bien tan esencial para la vida cotice en bolsa?

Hay tres factores que profundizan y aceleran la crisis. La visión neoliberal de financiarización de la vida, que entiende el agua como un bien económico escaso a gestionar desde el mercado, promoviendo las privatizaciones, lejos de resolver el problema, lo que hace es transformar a la ciudadanía en clientes. El núcleo duro del problema son esos 2.200 millones de clientes pobres que no pueden pagar. Ese enfoque hace más vulnerables a los que ya eran vulnerables.

- ¿Cuáles son los otros factores?

Son la crisis climática y la del covid. En la crisis climática ya tenemos un amplio consenso, salvo algún empecinado negacionista, en que las medidas de mitigación deben articularse en torno a la transición energética. Sin embargo, yo estoy insistiendo mucho a los gobiernos y a los movimientos sociales en que el principal vector de afección socioeconómica del cambio climático es el agua. Por tanto, las estrategias de adaptación deben estar presididas por lo que yo llamo la transición hidrológica hacia la nueva cultura del agua, que nos pone ante el reto y la necesidad de hacer las paces con nuestros ríos.

- ¿Y en lo que respecta a la pandemia?

El covid nos ha enseñado una lección: la necesidad de la universalidad del acceso al agua. Hemos entendido que, o incluimos a todo el mundo, o nadie estará a salvo. Y nuestra vulnerabilidad nos ha hecho entender el valor de los sistemas públicos de salud y la necesidad de fortalecerlos para no dejar a nadie fuera. Agua y saneamiento son una pieza básica de la sanidad pública. Cuando pregunto a los gobiernos europeos si lo han tenido en cuenta a la hora de planificar los fondos de recuperación, o no lo han hecho o te dice que eso es competencia de los municipios. Pero da igual, no se puede tener a los ayuntamientos con anorexia financiera, forzándoles a privatizar los servicios públicos. En ese sentido, si integramos bien en el concepto de interés general los servicios públicos de agua y saneamiento, el covid nos habrá dado una buena lección. Los servicios públicos de salud no son un negocio, son un servicio público sin ánimo de lucro, que no es ningún pecado. El agua y el saneamiento deben seguir esa misma lógica de universalidad y no dejar a nadie atrás. Son derechos humanos.

- En su estreno en el cargo, en noviembre, ya pidió que se prohíban los cortes de agua a personas y familias vulnerables. ¿Algún gobierno ha recogido el guante hasta ahora?

Cuando dirijo una recomendación concreta a un gobierno se me demanda un tiempo de diálogo discreto. En general me han contestado y podríamos hablar de gobiernos muy cercanos de manera positiva, diciendo que toman en cuenta el asunto de que lo que ahora es una necesidad urgente. Pero mi lema es hacer de la necesidad virtud, con o sin covid, cumpliendo con el derecho humano al agua. Esto implica una reforma legislativa para establecer un mínimo vital. Colombia ya la tiene, por decisión de su Corte Constitucional, y muchos ayuntamientos de otros países también. Eso no significa que ese mínimo sea gratis. Sería como la comida, que se compra, pero si estoy en una emergencia y no puedo pagarla, el Estado tiene que buscar la forma de que nadie se quede sin comer.

- ¿Algún país de la Unión Europea garantiza ese derecho?

Dos millones de ciudadanos y ciudadanas le exigieron con sus firmas a la Comisión Europea una reforma en este sentido. En el 2019, ante esta iniciativa ciudadana, se decidió retirar el agua del paquete de servicios públicos a liberalizar, y prometieron una ley específica que tendría en cuenta estas demandas. En sucesivos borradores, los sectores más conservadores han conseguido quitar la mención directa a los derechos humanos, pero se mantiene el espíritu del acceso universal al agua. Ahora es importante que los parlamentos nacionales mantengan ese espíritu en la trasposición de esta directiva. El país que lo haga marcará el liderazgo en Europa, y creo que es el camino.