La epidemia de violencia y el deterioro de las condiciones económicas en El Salvador, Honduras y Guatemala, los tres países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica (TNCA), han hecho que la situación se vuelva insostenible para buena parte de la población. La inseguridad es tal que miles de personas continúan huyendo de sus países de origen para escapar de las amenazas de muerte de las maras, de las agresiones sexuales, de la violencia física y de los secuestros. La mayoría deciden emigrar hacia México y Estados Unidos, donde se topan con una realidad mucho peor. Allí, son víctimas del endurecimiento de las políticas migratorias, del desmantelamiento de las leyes de protección (asilo y refugio), y de la violencia predatoria a manos de las organizaciones criminales que operan en las rutas de migración.
Esta crisis humanitaria, denunciada durante años por varias oenegés, ha sido puesta de manifiesto por Médicos Sin Fronteras (MSF) en un extenso informe en el que evidencia los altos niveles de violencia, abuso y malos tratos que sufren los refugiados, tanto en su país de origen y en las rutas de escape, como bajo la custodia de las autoridades mexicanas y estadounidenses cuando llegan al país receptor. El documento, titulado Sin Salida, se basa en 480 entrevistas realizadas a los migrantes que llegan a los centros de MSF y en los testimonios del personal médico, que atendió a más de 26.000 personas a lo largo de la ruta migratoria durante los primeros nueve meses del 2019.
«Después de años de atención a población centroamericana en tránsito por México y con base en los testimonios y datos de nuestras consultas, tenemos claro que muchos de nuestros pacientes huyen desesperadamente de la violencia en sus países», explica Sergio Martin, coordinador de los proyectos de MSF en México. «Necesitan protección, asistencia y la oportunidad de poder solicitar asilo. En vez de esto, se enfrentan a más violencia en la ruta y se les prohibe la estancia en los países donde podrían estar a salvo. Quedan atrapados y sin ninguna posibilidad de ser protegidos», agrega.
La masificación de los centros de recepción de migrantes hacen que no se cumplan unas condiciones básicas de habitabilidad. «Desde que llegamos, me di cuenta de que es una cárcel. Nos amontonan a todas en espacios tan pequeños que no podemos ni caminar. Todo está sucio. Llevo tres días aguantando las ganas de ir al baño, porque el retrete está rebosado. Hay un excesivo calor, nos da mucha sed y, cuando les pido agua por lo menos para mis hijas, me culpan por haberlas traído conmigo, por haberlas sacado de mi país. Pero ellos no saben que tenía que hacerlo para salvarles la vida», explica Beatriz, que ahora reside en estación migratoria de Acayucan (Veracruz, México).
La violencia en México se ha disparado hasta niveles nunca vistos. Entre enero y diciembre pasados se cometieron en el país 34.582 homicidios dolosos. «Cuando bajamos del autobús en Nuevo Laredo (México), unos hombres nos cogieron a mi hermano y a mí y a mi hermana se la llevaron para otro lado. Después de unas horas, a él y a mí nos soltaron, pero a ella no. Seguimos sin saber de ella. Pagamos 5.000 dólares de rescate, que era todo lo que teníamos, pero no la han soltado. No sé quién puede ayudarnos. No confiamos en la Policía de aquí. Nuestro plan era llegar y comenzar el proceso de solicitud de refugio en EEUU, pero ahora no quiero moverme de aquí hasta no saber donde está», relata José, hondureño, al equipo de Médicos Sin Fronteras.
Sin poder salir
Las políticas migratorias basadas en la criminalización, contención y disuasión aplicadas por los Estados Unidos y México incrementan los riesgos a los que se enfrentan migrantes y solicitantes de asilo. Así, el denominado Protocolo de Protección de los Migrantes (conocido como Quédate en México) fuerza a aquellos que solicitan asilo en EEUU a permanecer en el país centroamericano, expuestos de forma recurrente a intentos de secuestro y otras situaciones violentas.
Los primeros casos de solicitantes de asilo en Estados Unidos retornados a México en virtud de este acuerdo fueron enviados a Tijuana, donde se reportaron en el 2018 más de 2.500 homicidios. Esta práctica se extendió después a otras localidades de la frontera: Mexicali, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo y Matamoros. Estas dos últimas se encuentran en el estado de Tamaulipas, uno de los más violentos de México, situado en el nivel 4 de peligrosidad para viajar, el mismo de países en conflicto como Siria y Afganistán.
A fecha de noviembre del 2019, hay 21.398 personas solicitantes de asilo para Estados Unidos en lista de espera. Muchas acaban durmiendo en la calle porque los albergues de las ciudades fronterizas no cuentan con la capacidad ni las condiciones suficientes. «Llevo dos meses y medio en Mexicali. La ruta migratoria ha sido larga. Tardé tres meses en llegar. Me dieron un número para solicitar mi entrevista; pasaron tres semanas y me dieron fecha. Acudí y me devolvieron a México. Me dijeron que las leyes ahora habían cambiado. Estoy sin saber qué va a pasar con mi proceso», narra Daniel a MSF, un migrante más obligado a permanecer en México.
