La Red Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión está integrada por 51 organizaciones que luchamos a diario contra las situaciones de pobreza o de riesgo de exclusión social. Representamos casi a la totalidad de las entidades sociales que trabajan por mejorar los recursos y estrategias que reduzcan la vulnerabilidad social. En estas 51 confluyen todo tipo de ideologías y sensibilidades. Y, sin embargo, desde criterios profesionales y apartidistas, intentamos buscar consensos a través de posiciones dialogadas, de interés público y fundamentadas en el bien común.

Este consenso es fundamental para defender con una sola voz los que nosotros consideramos que deberían ser los grandes ejes de la política social. Y todas coincidimos, con nuestros matices, en la necesidad de aprobar una ley que establezca una renta social básica como derecho subjetivo, que venga a superar la norma de 1992 que regula el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI). Y es que la realidad de la pobreza no es la misma hoy que hace 26 años.

No es una cuestión que venga de corto. Ya en la anterior legislatura se intentó una reforma del IAI. La nueva ley debía tener en cuenta los desajustes que no universalizaban la prestación y que hacían que colectivos muy concretos de la nueva realidad social (hogares y familias complejas en su composición, complementariedad de rentas y procesos transitorios para dar acogida a verdaderos itinerarios de inserción, familias que no podía acceder a otro tipo de rentas, parados de larga duración mayores de 50 años, jóvenes en situación precaria…) quedasen fuera.

De nuevo, desde el comienzo de la actual legislatura venimos trabajando junto a todos los grupos parlamentarios para lograr esa reforma. Pero, cuando al fin parecía que la ley aragonesa de renta básica iba a ver la luz, la cuestión sigue sin ser resuelta, atascada en su tramitación parlamentaria. Y, si no sale ya adelante, esta volverá a ser otra legislatura perdida para miles de aragoneses.

Por eso, hoy pedimos a todos los partidos representados en las Cortes de Aragón que recuerden sus compromisos. Nuestros conciudadanos más vulnerables deben estar en la columna vertebral de todas las acciones que surjan de nuestro parlamento. De la misma forma que una persona con problemas de salud tiene garantizado su acceso a los recursos sanitarios, cuando tenga algún problema social, ya sea de índole económica, familiar, de empleo o del tipo que sea, no puede quedar expuesta a la exclusión.

Aunque las 51 organizaciones de la Red no llegamos a alcanzar una postura monolítica, nos pusimos de acuerdo en lo básico para ir a las Cortes y hablar en nombre de todas. Ustedes son solo siete grupos políticos... ¿Y no son capaces de ponerse de acuerdo en un asunto tan vital? No perdemos la esperanza de que lo hagan, que vehiculen las aportaciones que todas las entidades hicimos y que en breve podamos trabajar en los reglamentos e instrumentos necesarios de esta ley de renta social.