Bolivia tiene uno de los índices más altos de feminicidios de toda Sudamérica. Cada dos días y medio es asesinada una mujer. Según el último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, al menos 3.529 mujeres fueron víctimas de feminicidio en el 2018 en quince países de la región. Ese mismo año, Bolivia registró un total de 130 feminicidios. Y solo entre enero e inicios de febrero del 2020 se registraron 21 casos. Además, desde el 22 de marzo, inicio de confinamiento por el covid-19, ya han ocurrido al menos tres feminicidios.

En el año 2013 hubo un intento de articulación de los distintos feminismos representados en el país. Empezaron a organizarse desde distintas posiciones políticas, más allá de las sensibilidades de cada grupo, y unidas contra el sistema patriarcal que permea todas las capas de sus vidas.

Adriana Guzmán, de las feministas comunitarias, remarca que organizarse y articularse es un asunto de supervivencia y no de claridad política ni de convicción: «Nos están matando y, si no lo enfrentamos juntas, es más posible que nos maten». Pretenden restituir las condiciones que hacen posible la vida, y eso supone posicionarse con un firme «no más feminicidios», no más violencia en contra de las mujeres, no al extractivismo, no más expolio de los territorios, respeto a los saberes y conocimientos ancestrales y un cambio de patrones de consumo.

La articulación empezó a fortalecerse a raíz del feminicidio de la periodista Analí Huaycho en el 2012. La mató su expareja (integrante del cuerpo de Policía), y padre de su hijo. El caso tuvo mucha repercusión en los medios, y la impunidad y protección estatal del feminicida indignó a las mujeres, representadas en ese momento por un pequeño grupo de jóvenes activistas, que tomaron las calles para manifestarse contra el patriarcado. Interpelaron al Gobierno, demandando sanciones para los feminicidas.

Un año después del asesinato, la Policía dio por muerto al feminicida sin que la familia de Huaycho llegase siquiera a identificar el cuerpo. No era el primer caso de impunidad y complicidad estatal con el feminicida, estaba precedido por otros muchos casos impunes en Bolivia. Pero el caso de la periodista sirvió para que, el 8 de marzo del 2013, llegara la respuesta estatal con la promulgación de la Ley 348, que incorpora el feminicidio como delito de orden público.

Según la abogada penalista Jennifer Guachalla, dicha norma «envía a las víctimas de violencia a un sistema de justicia corrupto y colapsado». Además, como sostiene Adriana Guzmán, el Estado no ha puesto el esfuerzo necesario ni hay las condiciones para que la ley se implemente «y eso tiene que ver con la mirada machista, tanto del Estado como de los funcionarios, a los que no les parece importante».

Shezenia Hannover, prima de Analí Huaycho, insiste en que muchos de los casos de feminicidio siguen impunes porque los poderes económico y político juegan un papel muy importante, y no piensan en las consecuencias que tienen para las familias. Aun así, la 348 fue una «aparente pequeña victoria», comenta.