La Violencia. En Colombia llaman de este modo al periodo comprendido entre 1948 y 1958, en el cual murieron entre doscientas y trescientas mil personas, al enfrentarse el partido conservador y el partido liberal en una guerra civil no declarada. La herencia de ese enfrentamiento se recogió durante los años 60, cuando guerrillas liberales fueron adoptando el marxismo e interesándose por los resultados de la revolución cubana. De este modo, en 1964, al unísono, nacen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Desde entonces, el conflicto no reconocido entre estas guerrillas, y otras que aparecieron posteriormente, y el Gobierno colombiano ha dejado casi un cuarto de millón de personas muertas, unos seis millones de personas desplazadas y cientos de miles de personas que han sufrido crímenes de guerra y despojo de tierras.

En este escenario, los movimientos sociales y populares han sido acusados en numerosas ocasiones de auxiliar a las insurgencias lo que los ha situado en el blanco de narcotraficantes, paramilitares y la guerra sucia llevada a cabo por las fuerzas de seguridad del Estado. Durante casi un siglo, como señalaba recientemente el sacerdote jesuita y defensor de Derechos Humanos, Javier Giraldo, «las doctrinas impuestas del enemigo interno, seguridad nacional y anticomunismo, refrendadas por estrategias de exterminio, presencia y dominio militar extranjero, paramilitarismo y adoctrinamiento militar en la Escuela de las Américas han sido factores determinantes de la represión interna». El actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, señaló en el año 2015 que el tamaño y el futuro de las Fuerzas Armadas eran una de las líneas rojas que no se iban a tocar.

En definitiva, se trata de la doctrina de seguridad interna. En un informe de Somos Defensores, programa no gubernamental de protección a defensores de Derechos Humanos, se señala que durante los primeros seis meses del 2017 hubo un incremento del 30% en el número de homicidios a líderes sociales, en comparación al mismo periodo del 2016: la violencia paramilitar (59%) y desconocida (32%) ha atentado contra la vida e integridad de 335 personas por defender los derechos humanos y el medio ambiente. El liderazgo social de indígenas y campesinos sigue siendo altamente victimizado.