Tutelados

Rosario (nombre figurado), de 39 años, también vive en una residencia. Durante el confinamiento sufrió graves episodios de estrés debido a su discapacidad. La fundación que la tutela recomendó que diera paseos terapéuticos, para lo cual ofreció ayuda a su centro residencial. Lejos de respetar el criterio de Rosario y de la entidad que la apoya, en su residencia decidieron aislarla en su habitación, sin posibilidad de contacto con el exterior, ni siquiera telefónico.

Del mismo modo, Roberto (nombre falso), de 29 años, pasó un mes solo en la habitación de su residencia para personas con discapacidad. De nada sirvieron las tres PCR negativas que se le practicaron ni las recomendaciones de su médico para que le levantaran el aislamiento. Y ello a pesar de que las medidas de confinamiento prolongadas pueden impactar muy negativamente en la salud física, cognitiva y psicológica de esta población.

En abril del año pasado, Antonia (nombre ficticio), de 46 años, tuvo que ser ingresada de urgencia en un hospital con un pronóstico grave. Desde el sistema sanitario se indicó que no era susceptible de uci en caso de que lo requiriera, por el simple hecho de tener discapacidad intelectual.

Peor fue el caso de Alicia (nombre falso), de 75 años. Dio positivo en covid-19 y, directamente, se le denegó su derivación al hospital. Falleció el 4 de abril sin más asistencia médica que la que pudieron ofrecerle en su residencia de mayores.

El nexo de unión entre todas estas personas es que todas ellas tienen discapacidad intelectual y han visto modificada su capacidad jurídica de obrar, para quedar bajo tutela o curatela de una fundación tutelar. Y comparten algo más: ejemplifican la vulneración de derechos que padeció este colectivo durante la primera oleada de la pandemia y la posterior desescalada.

El Observatorio de Derechos de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) ha hecho visibles, a través de un informe, múltiples casos más de personas con discapacidad intelectual apoyadas por las entidades tutelares que vieron lesionados sus derechos, sin que ningún estado de alarma ni alerta sanitaria pueda justificarlos bajo ningún concepto.

La discriminación por razón de su condición de discapacitados ha estado presente en muchos de estos casos y «ha puesto en evidencia cómo la visión que impera de la discapacidad sigue sin reconocer la ciudadanía plena de este grupo de personas, sus derechos, su autonomía para la toma de decisiones y su dignidad», denuncian desde la AEFT.

El informe clasifica estas situaciones de vulneración de derechos en tres tipos: un 61% del total fueron achacables a la propia discapacidad; en un 16% de los casos, la restricción de derechos se vio agravada por la discapacidad y, el 23% restante, fueron situaciones que vivió de forma generalizada toda la ciudadanía.

Dentro de las situaciones consideradas vulneraciones de derechos se exponen, sobre todo, casos relacionados con limitaciones de movimientos, de acceso a la atención sanitaria y aquellos causados por aislamientos y confinamientos prolongados, que afectaron a una persona en concreta o a grupos de personas.

Por otro lado, el documento distingue aquellas situaciones donde el hecho de ser una persona con discapacidad supuso un agravamiento de las medidas o de sus efectos y que tuvieron que ver, principalmente, con las barreras del entorno, la falta de acceso a la información y la ausencia de determinados apoyos.

La AEFT no es la primera organización que denuncia este tipo de situaciones. El año pasado, Naciones Unidas ya advirtió de que las repercusiones de las medidas de contención adoptadas por muchos estados frente al coronavirus estaban resultando desproporcionadas para las personas con discapacidad frente al resto de la ciudadanía.

Entre las principales causas de esta desproporción, la ONU identificaba las barreras para aplicar medidas básicas de protección, la dependencia del contacto físico para recibir apoyo, la inaccesibilidad de la información, el internamiento en entornos institucionales, la mayor necesidad sanitaria, la especial vulnerabilidad de sufrir patologías secundarias y comorbilidad, así como el particular riesgo de discriminación en el acceso a la atención sanitaria y a procedimientos de atención médica vital.

A todo lo anterior habría que sumar posibles efectos indirectos, derivados de la repercusión de la crisis en los servicios de apoyo y en el aumento de la violencia, del estigma y la discriminación del colectivo en la comunidad.

La ausencia de un enfoque ético y de derechos en la gestión de la pandemia y la grave situación de emergencia que implicó adoptar medidas y decisiones urgentes agravaron esa situación de especial vulnerabilidad. Así lo denuncian también otros estudios realizados por el Cermi, Plena Inclusión o Amnistía Internacional, que llegó a acreditar que el derecho a la vida de las personas mayores y con discapacidad en residencias fue vulnerado.

El propio Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a través del Grupo de Trabajo Covid-19, reconocía en su informe sobre lo sucedido en las residencias que hubo discriminación por discapacidad.

El informe de la AEFT constituye uno de los pocos trabajos de análisis de experiencias vividas durante la pandemia por personas con discapacidad intelectual en España. Según informan desde la asociación, su intención es aprovechar la situación privilegiada de observación e interrelación de las entidades tutelares con estas personas y la red de servicios y recursos que les prestan apoyo para, «a través de la suma de las experiencias individuales, recoger, documentar y analizar la incidencia que ha tenido la crisis sanitaria y su gestión en el ejercicio de sus derechos, a fin de poder hacer una aproximación a lo sucedido para aprender y corregir las actuaciones en futuras situaciones».