Según un informe de Aministía Internacional titulado Quiero un lugar seguro, las mujeres sirias refugiadas en Líbano se encuentran «desarraigadas» y «desprotegidas».
Muchas mujeres de Siria que se encuentran en Líbano corren el riesgo de sufrir violencia, acoso y explotación por las dificultades a las que se enfrentan como refugiadas. Apenas reciben protección ni tienen acceso a la justicia.
Su situación ha empeorado, pues la comunidad internacional no ha proporcionado hasta el momento financiación y apoyo adecuados a las personas refugiadas de Siria.
Además, el Gobierno libanés continúa haciendo que les resulte extremadamente difícil obtener o renovar los permisos de residencia. Al comienzo de la crisis en Siria, Líbano aplicó en gran medida una política de fronteras abiertas, que permitía la entrada al país de las personas refugiadas. Sin embargo, la situación ha cambiado.
En el 2015, el Gobierno libanés introdujo estrictos criterios nuevos para la renovación de los permisos de residencia de las personas refugiadas. Para la mayoría de ellas, es imposible pagar la tasa (200 dólares estadounidenses por persona) de renovación del permiso y aportar los numerosos documentos que les piden.
Si carecen de permiso válido, se considera que las personas refugiadas de Siria infringen la legislación libanesa. Y esta situación las hace más vulnerables a todo tipo de violaciones de derechos humanos, como detención arbitraria, expulsión, restricción de la libertad de circulación para que no eviten pasar por los puestos de control y falta de acceso a la Justicia porque temen denunciar los delitos de violencia y acoso ante la Policía.
La falta de permisos de residencia válidos es una de las causas fundamentales de que las mujeres refugiadas de Siria no puedan o no quieran denunciar los actos de violencia, acoso y amenazas a las autoridades.
