L a Fundación Cermi Mujeres muestra su alarma por los datos de exposición a la violencia de género de las mujeres con discapacidad revelados por la macroencuesta por el Ministerio de Igualdad y exige a los poderes públicos que reaccionen. Una macroencuesta refleja que, en España, la mitad de las mujeres de más de 16 años ha sufrido violencia física, sexual o acoso a lo largo de su vida.
También señala que el 20,7% de las mujeres con discapacidad ha sufrido violencia física o sexual de alguna pareja, frente al 13,8% de las mujeres sin discapacidad, una diferencia que, a juicio de Cermi Mujeres, debe hacer reflexionar a las y los responsables políticos de nuestro país.
Asimismo, el estudio recoge que el 17,5% de las mujeres con discapacidad que han sufrido violencia física, sexual, emocional o han sentido miedo de sus parejas, afirma que su discapacidad es consecuencia de la violencia ejercida sobre ellas.
Entre las medidas que plantea la entidad destaca la puesta en marcha de una macroencuesta específica sobre la violencia de la que son objeto las mujeres y niñas con discapacidad, así como las madres y cuidadoras de personas con discapacidad, que pueda permitir valorar las actuales leyes y políticas para su protección y recuperación, teniendo debidamente en cuenta los riesgos concretos y los factores de vulnerabilidad, como la incapacitación legal, la institucionalización, la pobreza, la ruralidad, la edad y el tipo de discapacidad.
Asimismo, reclama el impulso de protocolos de coordinación entre los principales actores involucrados en el abordaje de la violencia machista: los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, los servicios sociales y sanitarios y las organizaciones sociales especializadas en la materia.
En este punto, Cermi Mujeres indica que el movimiento asociativo de la discapacidad, y más concretamente sus organizaciones de mujeres, pueden desarrollar una labor de acompañamiento fundamental. De igual modo, pide que se garantice la accesibilidad universal de los centros de atención a víctimas de violencia de género, de los juzgados y de las campañas y materiales informativos.
La figura de la asistencia personal; la formación a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, los servicios sanitarios y servicios sociales en materia de violencia contra las mujeres con discapacidad; la inclusión de la variable de discapacidad en todos los registros oficiales sobre violencia de género y la ampliación del concepto de violencia contra las mujeres, que recoja otros tipos de violencias machistas, son otras de sus demandas.
La entidad también reivindica dejar atrás el modelo basado en la modificación de la capacidad jurídica por otro basado en la provisión de apoyos para las mujeres con discapacidad que así lo requieran.
En definitiva, reclamamos el cumplimiento del Convenio de Estambul, la legislación estatal vigente y de las medidas del pacto de Estado contra la violencia de género, dotándolo del presupuesto necesario para que no sea papel mojado.
