Entreculturas demanda que el voluntariado internacional tenga una regulación específica dentro del marco de la cooperación para el desarrollo, que le “permita salir del limbo legal y la invisibilidad en la que se encuentra”. Ese fue el mensaje con el que esta oenegé quiso celebrar ayer, como cada 8 de septiembre, el Día del Cooperante, una fecha para reconocer la labor de quienes trabajan a favor de las comunidades menos favorecidas del planeta y para sensibilizar a la sociedad sobre la labor que desempeñan.

Este año, la organización ha querido aprovechar la jornada conmemorativa para poner de relieve el voluntariado internacional “como agente clave de la cooperación española”, apunta David Alonso, director de Personas y Organización de Entreculturas. Pese al avance que supuso la inclusión de este colectivo en la ley de voluntariado del 2015, el cumplimiento de sus derechos sigue siendo “parcial y limitado”, denuncia. Reclama mayor visibilidad para esta figura y llama a las administraciones públicas a “fomentar programas de voluntariado internacional realizados con calidad y calidez”, agrega Alonso.

En este sentido, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y los correspondientes departamentos autonómicos juegan un “papel clave” en el reconocimiento de este voluntariado como instrumento de la cooperación, con una atención explícita hacia el mismo en sus estrategias y planificaciones. Entreculturas apuesta por un modelo de acreditación de las organizaciones que asegure la calidad de las propuestas y evite malas prácticas, como aquellas que convierten al voluntariado internacional en “volunturismo”.

Entre otras medidas de protección, la oenegé pide que la AECID financie, al menos de forma parcial, un seguro colectivo para las personas voluntarias que colaboran en programas internacionales de desarrollo, similar al que cubre a los cooperantes profesionales. Para aquellos que participan en estancias de larga duración, reclama un convenio especial que contribuya para su jubilación y garantice prestaciones por incapacidad, muerte, maternidad o desempleo.

Finalmente, plantea que la AECID y las agencias autonómicas pongan en marcha un registro de voluntarios internacionales que facilitaría la atención en caso de emergencia y la realización de informes para medir el impacto real de este tipo de voluntariado.