Más de un centenar de personas en situación de pobreza o riesgo de exclusión de toda España protagonizaron, hace unos días, del XIV Encuentro Estatal de Participación ‘Derechos, Gobernanza y Participación Ciudadana’. Este evento canaliza la contribución de este sector de la ciudadanía a los procesos de toma de decisión en el ámbito de las políticas sociales. Esta cita sirve de plataforma para fortalecer su presencia en la esfera pública, la defensa de sus derechos y la demanda de cambios sociales.

Organizado por la Red Europea Contra la Pobreza (EAPN España), cuya representante autonómica es la Red Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión, las principales temáticas analizadas durante el encuentro fuero vivienda, empleo, garantía de ingresos y salud. Los participantes pudieron trasladar a los políticos los problemas que más les afectan y estos, por su parte, les explicaron el trabajo que están realizando en esas áreas de actuación.

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 estuvo representado por el secretario de Estado de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez, y la directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales, Patricia Bezunartea. También participó la subdirectora general de Políticas Activas del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), Carmen Menéndez, la asesora de la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, Francisco David Lucas, y la diputada y exministra de Sanidad, María Luisa Carcedo.

Marifé Torres ejerció en el encuentro como portavoz de los representantes aragoneses: los integrantes del Colectivo Dignidad. Este es un grupo de participación e incidencia política compuesto por personas afectadas por la pobreza y la exclusión, algunas de las cuales atraviesan o han atravesado situaciones realmente complicadas. Uno de sus objetivos es “acabar con el estigma que se asocia a las personas que carecen de un techo. No todas son adictas ni tienen problemas de salud mental, son ciudadanos cuyas circunstancias puntuales, como la pérdida del empleo, los han llevado a esa situación. Y es muy difícil para alguien ir a pedir un trabajo si su dirección es el Albergue o el Refugio”, comenta Marifé.

El Colectivo Dignidad se habría reunido días antes del encuentro estatal para consensuar la ponencia de su portavoz. “Lo que más nos preocupa es el acceso a la vivienda”, apunta Torres. “Pero claro, para acceder a un alquiler necesitas una garantía económica, y el Ingreso Mínimo Vital, aunque era una medida necesaria, se queda muy corto”, señala.

Otra de sus críticas recae sobre la Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital, sustituta del Ingreso Aragonés de Inserción. “Para acceder a ella cuentan los ingresos de la unidad de convivencia, no de la familia, aunque vivas en una habitación de un piso compartido con desconocidos”, lamenta.

Las propuestas recogidas durante el encuentro formarán parte de un documento de trabajo que servirá de guía a EAPN para su labor de incidencia política en defensa de los derechos y la participación social de las personas en situación de exclusión.