-¿Cómo impactó en su gremio la llegada del covid-19?

-El impacto en nuestra profesión fue directo y los primeros momentos los vivimos, como toda la sociedad, con mucha preocupación, agudizada por el profundo conocimiento que tenemos de las familias y personas con las que trabajamos, y que quedaban expuestas, en muchas ocasiones de manera directa, por múltiples factores, bien sea por tener economías de subsistencia, carencia de viviendas adecuadas, déficits de capacidad parental, personas dependientes y/o con discapacidad, mayores solos, mujeres conviviendo con sus agresores, menores en riesgo por alta conflictividad familiar, y un largo etcétera de situaciones extremas. Mención aparte de la situación vivida en servicios sociales especializados, como las residencias.

-¿La situación fue igual en todo Aragón?

-Si bien llegamos a todos y cada uno de los pueblos de Aragón, la falta de criterios y protocolos comunes ha dado como resultado que en algunos municipios y servicios se ha trabajado muy bien, y en otros se ha trabajado francamente mal, dejando abandonada a su suerte a la ciudadanía, dependiendo de los criterios políticos del alcalde o concejal de turno. La carencia de protocolos y criterios unificados de intervención ante situaciones de crisis o emergencia, como la que hemos vivido, ha estado en la base de las condiciones extremas en las que hemos tenido que desarrollar nuestro trabajo.

-¿Se vieron desbordadas en algún momento?

-Ha habido muchos momentos y situaciones de colapso, que han llevado al límite a muchas profesionales. El trabajo en las residencias ha sido especialmente duro, puesto que hemos tenido que hacer de puente entre el sufrimiento y la soledad de los mayores y la incertidumbre de sus familias. Otro sector muy duro ha sido el frente del trabajo social sanitario, y también los servicios sociales comunitarios, con la impotencia no poder sino recetar ayudas para alimentación, como si no hubiese otras necesidades importantes. Además, la Administración pública no está adaptada tecnológicamente, y esto ha sido una gran dificultad. La atención se ha realizado con creatividad, mucha motivación y compromiso de las trabajadoras sociales, que en ocasiones no han dudado en poner sus recursos personales, como teléfono y ordenador, para poder trabajar. Han dado lo mejor de sí.

-¿Les pareció apropiado el cierre de centros municipales de servicios sociales en Zaragoza durante el estado de alarma?

-Fue un ataque contra los derechos sociales de la población de Zaragoza, y se ninguneó y sometió a unas condiciones de trabajo y horarios inaceptables a los equipos de los centros municipales. Pensamos que es la consecuencia de no querer conocer el verdadero objeto del sistema de servicios sociales y del trabajo social. Han desvirtuado sus funciones y han dado al traste con muchos derechos sociales adquiridos, volviendo a la beneficencia y al control del pobre. Es la base de unas decisiones tendentes a la privatización y al márquetin, más que a la atención de las necesidades sociales reales. Y, lo más preocupante, una vuelta a un sistema asistencialista y estigmatizador, y no a la atención desde la dignidad y el respeto.

-¿Qué les parece la nueva línea 900?

-Supone un cuello de botella, dificultando el acceso a los servicios sociales. No entendemos que este se centralice mediante una línea 900 creada a través de una empresa privada, porque la confianza y la cercanía con la trabajadora social es importante para una buena atención. De hecho, los propios equipos de los centros municipales han planteado una queja formal por escrito para que anulen dicha línea.

-¿Creen que las peores consecuencias socioeconómicas de la pandemia están todavía por venir?

-No me cabe ninguna duda. Desde hace dos meses están llegando personas y familias que nunca habían acudido a servicios sociales. Todavía no habíamos superado la crisis anterior, y esta lleva visos de tener una magnitud muchísimo mayor. El riesgo de pobreza aumenta de manera exponencial en España y en Aragón, incluida la pobreza infantil. Se ha demostrado que los servicios sociales son más necesarios que nunca, pero los poderes públicos no muestran ningún atisbo para reconocerlos como el cuarto pilar del Estado del bienestar. A falta de un marco legislativo estatal y de la dotación presupuestaria necesaria, el sistema siempre queda sin blindaje ante la ausencia de su reconocimiento.

-Al menos, afrontan esta nueva etapa con una nueva herramienta de trabajo en sus manos, el ingreso mínimo vital.

-Es una conquista social de primer orden, un paso histórico para avanzar hacia la necesaria renta básica universal, en la que el derecho sea individual y no esté vinculado a unidades familiares, sin dejar fuera a personas, por ejemplo, en situación irregular o sin empadronar. Pero las trabajadoras sociales del sistema público de servicios sociales no deben ser gestoras delegadas de las oficinas de la Seguridad Social. Dicha prestación es de competencia estatal, y como tal debe ser asumida por su estructura administrativa. Sí es nuestra función informar sobre ella, como un recurso más en el proceso de atención. Y, si alguna entidad local quiere recoger esas atribuciones porque tiene recursos para hacerlo, pedimos, y así lo hemos expresado en una carta dirigida al IASS y a todos los alcaldes y presidentes de comarcas, que esa labor no recaiga en las trabajadoras sociales para que podamos hacer lo que sí es objeto de nuestro trabajo: acompañar, ayudar y empoderar a las personas para salir de situaciones de crisis.