Las prisiones españolas albergan a un total de 59 internos condenados o acusados por delitos de terrorismo islamista repartidos en 20 centros penitenciarios distintos. Entre esos reclusos se encuentran los encarcelados en relación con los atentados terroristas del pasado 11 de marzo en Madrid, los presuntos miembros de la supuesta célula española de Al Qaeda que fue desarticulada en noviembre del año 2001 y los detenidos en Cataluña en la llamada Operación Lago, que permitió la intervención policial de sustancias con las que podía fabricarse napalm casero.
A los presos islamistas se les aplica la misma política de dispersión que a los miembros de otras bandas terroristas, como ETA o los GRAPO.
