Pedro Sánchez llegó a la Moncloa sin saber cuánto iba a durar una legislatura de apoyos volubles y si anunció en la primera entrevista su disposición a agotarla hasta el 2020 fue, en buena medida, para evitar la presión de una fecha electoral convertida espada de Damocles durante un mandato en el que las consignas son no cometer errores y acelerar el cambio político. Ahora, el nuevo tablero de juego surgido tras la apuesta de PP y PDECat por sus almas radicales puede situar al presidente ante un fracaso sonado en el Parlamento.

Aunque Sánchez dice seguir determinado a «mantener el rumbo» y en el Gobierno niegan que haya clima de apretar el «botón electoral», este martes pidió responsabilidad a esos socios que intentan vender más caros sus apoyos.

El Ejecutivo les llamó a evitar un eventual adelanto de las legislativas y buscó socializar las consecuencias de una derrota que impediría, también a quienes le apoyaron, implementar las políticas comprometidas. La clave más urgente para la supervivencia está en el resultado de las votaciones de la senda de déficit.

Sánchez puede llevarse dos reveses parlamentarios de consecuencias todavía inciertas. Este viernes se votan en el Congreso los objetivos de déficit y deuda pública para el 2019, sin que los socialistas tengan todavía atados los síes de los aliados que le respaldaron en la moción de censura.

Aunque Sánchez ha ofrecido una relajación de la senda de déficit que daría 2.400 millones de oxígeno a las comunidades autónomas, esta concesión (pactada con Bruselas) parece insuficiente a Unidos Podemos. Compromís, que quería una reforma del modelo de financiación, está en la abstención.

El nuevo PDECat condiciona sus apoyos y su posición final está abierta a interpretaciones. Elsa Artadi, la portavoz de la generalitat de Cataluña, exigió ayer «diálogo» y «negociación» a cambio de respaldos. Se leyó en Madrid como una relajación de las palabras de la nueva vicepresidenta, Míriam Nogueras, que había advertido el lunes que Sánchez lo va a tener «más difícil» a partir de ahora. ERC sigue negociando. PP y Ciudadanos lo rechazarán.

En este tablero de alianzas evanescentes y ante el riesgo de naufragio la ministra portavoz, Isabel Celáa, opinó que, aunque la voluntad es terminar la legislatura «no se puede resistir más allá de lo razonable».

El líder del PSC, Miquel Iceta, pareció abonar la tesis del adelanto desde una entrevista en Catalunya Ràdio en la que señaló que «si en un momento determinado el presidente considera que no tiene suficiente apoyo tendrá que convocar elecciones».

La Moncloa suaviza las especulaciones, sin cerrar la puerta por completo al adelanto. «El presidente ha declarado su intención de agotar la legislatura y más recientemente ha apelado a la responsabilidad de los partidos políticos para mantener abiertas las vías de diálogo que permitan seguir tomando decisiones en beneficio de toda la ciudadanía», trasladaron fuentes gubernamentales.

Si Sánchez logra convencer a sus socios y el viernes los objetivos de deuda y déficit salen aprobados del Congreso, deberá hacer frente a un segundo escollo: el Senado, donde el PP conserva la mayoría absoluta y prevé rechazar la propuesta del Gobierno. No está claro qué ocurre si el presidente suspende.

El Ejecutivo asegura que según la Abogacía del Estado la aprobación de los objetivos de déficit no es imprescindible para presentar el anteproyecto de Presupuestos (que debe entrar en el Congreso el 1 de octubre como tarde). Según esta tesis, el fracaso en el Senado sería un varapalo en la imagen que se está forjando Pedro Sánchez, pero no tendría efectos directos en la tramitación de la ley que podría seguir adelante.

Hay otra opinión. Fuentes del Senado explican a este diario que los servicios jurídicos de la Cámara Alta han llegado a la conclusión de que el rechazo sí es determinante. Aseguran que el Gobierno tendría un mes para presentar de nuevo su propuesta (esta u otra) y sostienen que, en el caso de fracasar, «es dudoso que Sánchez tuviese capacidad para presentar los Presupuestos Generales». Admiten que no hay precedentes en la democrqacia española a una situación similar.

RAJOY, APOYADO POR CiU

El bloqueo es posible después de que Mariano Rajoy aprobase en el 2012 una modificación de la Ley de Estabilidad, que permitió al Senado paralizar los objetivos de déficit. Aunque en el resto de tramitación el Congreso puede peinar lo decidido por la Cámara Alta, desde esa modificación el Senado da la última palabra a la senda de déficit.

La reforma salió adelante con los votos a favor del PP, CiU, UPD, Foro Asturias y UPN. El PNV se abstuvo y el resto votaron en contra, pero ninguno de ellos impugnó ante el Tribunal Constitucional.