El ministro del Interior, José Antonio Alonso, anunció ayer un aluvión de reformas legales y medidas operativas para controlar los datos de los ciudadanos en la lucha contra el terrorismo de Al Qaeda. En su primera comparecencia ante la comisión correspondiente del Congreso de los Diputados, prometió "triplicar en año y medio el número de policías y guardias civiles contra el terrorismo islamista" y fijó como objetivo alcanzar un total de 600 efectivos.
Alonso propuso reformar la ley de protección de datos para facilitar el control policial de los pasajeros de aviones, barcos, usuarios de seguros y otros que no concretó.
El ministro desgranó otras siete reformas para dotar de soporte jurídico la gestión de la información de órganos policiales de terceros países. Anunció la integración de la Guardia Civil en Europol. También propuso el control de transferencias bancarias y las donaciones.
Sin citar las mezquitas, Alonso estimó necesario impulsar "medidas legislativas para controlar la actividad radical" de los islamistas. Así mismo, anunció la creación de la Brigada Central de Expulsiones.
