El jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Gijón, teniente coronel José Antonio Rodríguez Bolinaga, se convirtió ayer en la primera víctima de la trama del explosivo del 11-M. El ministro del Interior, José Antonio Alonso, ordenó su cese inmediato después de constatar que no actuó con diligencia y no remitió inmediatamente al juez una cinta grabada a un confidente que ya en el año 2001 denunció la trama del explosivo.

Alonso fundamentó el cese en "la pérdida de confianza". Su departamento aseguró en una nota oficial que la investigación sobre la ocultación de la cinta al juez del 11-M continuará, por lo que no se descartan nuevas medidas cautelares.

El portavoz del PSOE en la comisión del 11-M, Alvaro Cuesta, consideró "correcto" el cese del jefe de la Comandancia de Gijón, que Gaspar Llamazares, de IU-ICV se había apresurado a solicitar. Cuesta se preguntó preguntó por qué el Gobierno del PP no investigó la trama del explosivo.

ACTUACION JUDICIAL El origen y ocultación de esa cinta, cuya existencia fue desvelada por el diario El Mundo, ocupó ayer la jornada de trabajo del juez de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, encargado de la investigación del 11-M. El magistrado llamó a declarar al agente del servicio de información de Guardia Civil de Gijón Jesús Campillo, quien confirmó que a finales de agosto de 2001 obtuvo la información de que Emilio Suárez Trashorras y Antonio, los que suministraron el explosivo para la matanza del 11-M, intentaban vender 400 kilos de dinamita.

La información se la proporcionó el confidente Francisco Javier Villazón Lavandera, que estuvo en las fuerzas de élite del Ejército y trabajaba en la sala de fiestas Horóscopo, a las afueras de Gijón. Campillo grabó el testimonio de Lavandera y elevó su contenido a su superior, el jefe de la comandancia cesado ayer.

Tras testificar ante el juez, Campillo manifestó en la escalera de la Audiencia Nacional que nada más entregar el contenido de la información a su superior, fue apartado de la investigación y la realizaron "otros", por lo que nada pudo saber del curso de la misma. Minutos antes, su confidente Lavandera había confirmado al magistrado el testimonio que en su día había aportado contra Trashorras y Toro, incluído el comentario de que "estaban buscando un experto para montar bombas con teléfonos móviles".

Aunque la investigación se inició en el 2001 y se bautizó como operación serpiente , no dio ningún resultado. El guardia civil David Robles, del cuartel de Cancienes (Asturias), encontró la cinta casualmente en 2003 y la remitió a sus superiores el 16 de octubre pasado, tras escuchar los testimonios de los jefes de la comandancia asturiana, Pedro Laguna y Fernando Aldea, ante la comisión del 11-M, donde ambos lamentaron no haber podido descubrir la trama del explosivo.

NUEVO IMPUTADO El juez Del Olmo sometió ayer a un careo a Toro y Trashorras e imputó un delito de colaboración con banda armada y tráfico de explosivos a Ricardo Gutiérrez Sepúlveda, Richard , supuesto socio de Toro.