El ministro del Interior, José Antonio Alonso, ha ordenado al director general de la Guardia Civil, Carlos Gómez Arruche, que realice una investigación a fondo sobre lo ocurrido con la cinta en la que un confidente denunciaba en el 2001 a Antonio Toro y Emilio Suárez Trashorras --acusados de haber facilitado la goma-2 de los atentados de Madrid-- como ladrones de explosivos y buscadores de algún experto para montar bombas con teléfonos móviles.
Arruche ya ha dado instrucción de remitir la cinta al juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo, que investiga la masacre del 11-M, y ha confirmado que el confidente Francisco Javier Lavandero manifestó en una conversación grabada el 28 de enero del 2001 por el agente de información Jesús Campillo Veiga, de la comandancia de Gijón, que Antonio Toro quería deshacerse con urgencia de 400 kilos de goma-2. Posteriormente, Toro fue detenido en el marco de una operación antidroga en la que también se le incautaron 16 cartuchos de dinamita.
En la transcripción que obra en la comandancia y que fue realizada al día siguiente por el propio agente, se omitió el dato de que buscaban algún experto para montar bombas con teléfonos móviles. La grabación fue encontrada dos años después, a mediados del 2003, por un guardia de Cancienes (Gijón) en el cajón de una mesa que había pertenecido al servicio de información.
El 16 de octubre, tras escuchar los testimonios del general Pedro Laguna, exjefe de la comandancia de Asturias, y de su sucesor Fernando Aldea en la comisión, el agente envió la grabación a sus superiores. PSOE y PP han pedido que la cinta se remita a la comisión del 11-M.
