Todo el mundo sabe en Castellón que "el que paga, manda". Lo dijo el presidente de la Diputación, Carlos Fabra (PP). En su provincia, el que paga es él, lo que supone que todo debe pasar por sus manos.
Eso lo sabía el empresario Vicente Vilar cuando, en 1998, acudió a Fabra para que le ayudara a legalizar el Abac, un insecticida cuyo expediente de autorización estaba paralizado desde 1996 en el Ministerio de Agricultura. "En un mes nos llegó el visto bueno y nos pusimos a producirlo", recuerda Vilar, cuya empresa, Naranjax, "ha pasado en cinco años del 30º al tercer puesto de los fabricantes españoles del sector".
El negocio iba sobre ruedas hasta que, según Vilar, "a Fabra le pudo la avaricia y quiso quedárselo todo". Al verse acorralado, el empresario decidió querellarse contra Fabra y hacer públicos los detalles de su relación, de la que guarda constancia documental. Algunos de esos papeles constan en las dos querellas presentadas por Vilar contra Fabra; una por estafa, falsedad documental y apropiación indebida, desestimada la semana pasada porque la juez no apreció indicios de delito, y otra por atentado contra la salud pública y la propiedad industrial.
Informes inexistentes
Pese a que esta última también fue rechazada, la juez ha apreciado indicios de delitos que van más allá de lo solicitado por Vilar, por lo que ha ordenado una investigación de oficio por parte de la fiscalía. En la querella, Vilar explica que pagaba a Camarcas, una consultora propiedad de Fabra, entre 80.000 y 90.000 euros anuales por "informes inexistentes". Ese dinero era en realidad, según el denunciante, la retribución por las gestiones del político ante "numerosas autoridades". Los pagos se hacían a través de la distribuidora de los productos de Naranjax, Artemis 2000, una sociedad escriturada a nombre de las esposas de ambos, de la que Vilar era administrador.
Cuando la mujer del empresario, Montserrat Vives, se separó de su marido, Vilar acudió a Fabra "para arreglar lo de Artemis 2000", pero en lo que él ve una maniobra del político para hundirlo, su mujer lo denunció por violación y él fue destituido como administrador. Tras varios avisos a su socio, Vilar decidió entonces acudir a los tribunales.
La noticia cayó como una bomba en un lugar donde Fabra es intocable. El dirigente del PP evitó responder ante la prensa y se limitó a leer un comunicado en el que negaba todas las acusaciones de Vilar y a presentar una demanda civil contra el empresario por ataque a su honor.
El PP cerró filas en torno a Fabra. El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, aseguró que Fabra "siempre ha actuado en beneficio de su provincia". Lo mismo hizo desde Madrid el portavoz del Gobierno, Eduardo Zaplana, enemistado con Camps. El presidente del Gobierno, José María Aznar, se ha negado a dar su opinión al ser preguntado.
En Castellón no se habla de otra cosa. En una ciudad pequeña, donde el padre de Fabra ya fue alcalde y presidente de la Diputación con Franco, todos conocen al dirigente del PP y han visto su ascenso. Ahora, observan atónitos cómo se tambalea su vecino más poderoso.
