A punto de terminar los testigos de la defensa, el juicio del procés transcurrió ayer por diversas sendas. Destacaron la discurrida por altos cargos de la Generalitat que negaron que un solo euro público se hubiera destinado al 1-O y la protagonizada por la exdiputada de la CUP Mireia Boya o el teniente de alcalde barcelonés y diputado electo Jaume Asens, que negaron un ambiente que no fuera «festivo» en la concentración del 20-S del 2017 frente a la Consejería de Economía, y que con ella se intentara impedir los registros. Los primeros querían negar la malversación y los segundos, no solo la rebelión, también la sedición.

Boya, a diferencia de los exmiembros de la Mesa del Parlament Joan Josep Nuet y Lluís Guinó, que no declararán en el Supremo por tener que responder ante el TSJC por un delito de desobediencia, fue explícita: «En ningún momento vi, oí o leí una llamada a impedir los registros» en Economía. Una idea que luego refrendó Asens: «Mi percepción es que no teníamos conciencia de que se estaba realizando todavía una diligencia judicial. Era una protesta finalista, no instrumental», trató de explicar el testigo, que vio cómo el presidente del tribunal, Manuel Marchena, le interrumpía cada vez que le pedía una valoración.

La cupaire aseguró que «todas las llamadas eran para defender el derecho de sufragio el 1-O y el propio derecho a manifestarse y a protestar» y que discutió con el entonces presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, cuando le pidió que ayudara a desconvocar la concentración, porque entendía que la gente ejercía pacíficamente su derecho de protesta.

La testigo señaló que en un momento determinado tanto Sànchez, como el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, le pidieron que recordara «las bases de la desobediencia civil no violenta» a quienes eran «más entusiastas» en la protesta, que por su juventud probablemente eran «más cercanos ideológicamente» a su partido. Para desconvocar y citar a la gente al día siguiente frente al TSJC, Boya también se subió al techo de los vehículos de la Guardia Civil que quedaron destrozados.

APOYAR LOS REGISTROS

La otra senda de testimonios la inauguró Francesc Esteve, director gabinete jurídico de la Generalitat, quien dijo que el entonces conseller de Presidencia, Jordi Turull, le «dio una indicación muy clara: que en todo momento se facilitara la actuación judicial ante los registros» de la operación Anubis, de la que el Govern no había sido informado.

Afirmó que «no existe contrato formal específico para actividades del 1-O, ni afectación presupuestaria, ni reserva de crédito, ni factura pendiente». Las facturas proforma de Unipost no son más que «presupuestos» y los anuncios emitidos por la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales se enmarcaban en el contrato marco, por lo que su emisión no supuso desembolso público. Así consta en un expediente de revisión de oficio que la defensa quiere incorporar como prueba. La directora general de Contratación Pública, Mercé Corretja, ahondó en esta línea.