Las declaraciones que el principal acusado del 'caso Gürtel', Francisco Correa, prestó en el juicio en la Audiencia Nacional no han caído en saco roto. La Fiscalía Anticorrupción ha informado a favor de la reapertura del caso de los papeles de Bárcenas, en el que se investiga la presunta financiación del PP a través de una caja B durante al menos 18 años, para practicar varias diligencias, entre las que figura tomar declaración al empresario.

Ahora el juez José de la Mata deberá decidir si reabre el caso, que ya había concluido y estaba a la espera de que se fijara fecha para celebrar el juicio, para realizar las nuevas diligencias solicitadas o mantiene su conclusión.

Según Anticorrupción, con la práctica de estas diligencias se incorporarán al procedimiento correspondiente las palabras realizadas por el propio Correa de que recibía comisiones de empresarios por la adjudicación de obras de los ministerios de Medio Ambiente y Fomento. Él llevaba a la sede central del partido, en la calle Génova de Madrid, para entregárselas al extesorero Luis Bárcenas.

En palabras del propio Correa en el juicio: "Venia un empresario, nos daban la licitación, y yo se lo pasaba a Luis Bárcenas. Él la gestionaba con el correspondiente ministerio y el empresario, si era adjudicatario, me entregaba un porcentaje del 2 o 3% y yo se lo llevaba a Génova".

A raíz de sus palabras, la Asociación de Abogados Demócrata por Europa e Izquierda Unida, que ejercen la acusación en el procedimiento, solicitaron que Correa fuera interrogado en el procedimiento en el que se investiga la financiación irregular del PP. Ahora en el informe en el que se pronuncia sobre esta petición, el fiscal adscrito al caso, Antonio Romeral, se muestra partidario de esta reapertura para proceder a interrogar a Correa.

También se muestra partidario de que se interrogue al constructor Alfonso García Pozuelo, uno de los tres acusados arrepentidos que declararon ante el tribunal de la Gürtel en relación con el pago de comisiones para la adjudicación de contratos. Este empresario admitió que parte de lo que pagó era para "órganos centrales" sin especificar más.

TAMBIÉN EMPRESARIOS

En la petición de las acusaciones populares también se incluía llamar a declarar al empresario Juan Miguel Villar Mir, propietario de OHL. Izquierda Unida basaba su petición en informaciones relativas a que el expresidente balear Jaume Matas habría ofrecido a Anticorrupción información relativa a que Javier Arenas organizó una reunión en la sede del partido de la calle Génova con el extesorero del PP Álvaro Lapuerta para que se adjudicara a OHL la reforma de un hospital en las islas. Ello cuadra con el dato de que Bárcenas apuntara "JM Villar Mir 180.000 euros" en el 2006. Considera que todos ellos son hechos nuevos que permiten solicitar la reapertura de las actuaciones, con la nueva imputación de los empresarios y la declaración de Matas y de Correa como testigos.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que antecedió a De la Mata en el Juzgado Central de Instrucción número 5, dio por concluida la instrucción del caso de la caja B del PP el 24 de marzo de 2015. Ruz proponía juzgar a los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta -que en el juicio que se está celebrando se ha librado del banquillo por demencia sobrevenida-, el exgerente Cristóbal Páez y dos responsables y una empleada de Unifica, la empresa que realizó las obras de reforma de la sede de la calle Génova, parte de las cuales se pagaron en negro.