La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez Manuel García Castellón, que instruye el caso Púnica, que cite como investigadas a las expresidentas de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes por la presunta financiación irregular del PP regional, informaron fuentes fiscales a Europa Press. La noticia llega en un momento en que los populares de Madrid celebran que Cs y Vox hayan acercado posturas para garantizar a Isabel Díaz Ayuso como la próxima presidenta de la comunidad. La inminente imputación de Aguirre y Cifuentes ha servido a la oposición para instar a los naranjas y a los ultras a que reconsideren su apoyo al PP, avisándoles, como ha hecho el PSOE o Más Madrid, de que el otoño judicial madrileño podría darles varios disgustos.

Estas novedades judiciales llegan después de que las fiscalas Carmen Cerdá y María Teresa Gálvez presentaran un escrito de 75 páginas ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 en el que reordenan la macrocausa y reducen de 16 a 11 las piezas separadas que conforman este caso de corrupción que se investiga desde el 2014.

INFORMES DE LA GUARDIA CIVIL / El ministerio público ha tardado cerca de medio año en llevar a cabo esta labor, precisando los hechos y sujetos afectados en cada una de las líneas de investigación, «con referencia a los correspondientes informes definitivos de la Guardia Civil», según informó la Fiscalía Anticorrupción.

Al escrito se adjuntan anexos en los que se describen más minuciosamente los hechos correspondientes a las piezas relativas a la contratación de las empresas Cofely y Alfedel; las actuaciones del exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados, considerado el cabecilla de la trama Púnica, y la presunta financiación irregular del PP madrileño.

En la pieza relacionada con la presunta financiación irregular del PP de Madrid, las fiscalas Anticorrupción se han apoyado en varios informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para pedir al magistrado que llame a declarar como investigadas a Aguirre y Cifuentes, además del expresidente de Indra Javier Monzón, y que se investigue a la propia empresa.

La UCO sitúa a Aguirre en varias reuniones clave en las que presuntamente se habría negociado la financiación irregular de la formación política durante varias campañas electorales, en las que la exdirigente ya presidía el PP madrileño. En cuanto a Cifuentes, la UCO también la vinculó con irregularidades en pagos a la fundación bajo el paraguas del PP madrileño, Fundescam, y distintos gastos electorales de campañas del PP regional en el 2007. La unidad de la Guardia Civil también destacan que la exvicepresidenta era «partícipe y conocedora» de irregularidades en la adjudicación del servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández.