La Comisión Constitucional del Congreso ha aprobado por unanimidad el proyecto de ley por el que se delega en el Gobierno la potestad de refundir leyes, con el objetivo de acabar con la enorme dispersión legislativa existente en la actualidad, y que termina afectando a la claridad y a la seguridad jurídicas.

En la exposición de motivos de la ley, se recuerda que la "urgente necesidad" de adoptar importantes medidas en los últimos años, especialmente en el ámbito económico, ha obligado a legislar utilizando en numerosas ocasiones la figura del real decreto ley, modificando de forma dispersa otras leyes ya existentes.

Para el Gobierno del PP, todo este entramado normativo no hace sino incrementar los costes para los ciudadanos y empresas, aumentando la carga administrativa sobre éstas.

Entre los textos legales que podrían quedar refundidos gracias a este proyecto figuran las leyes del mercado de valores, de las empresas de trabajo temporal, de la Seguridad Social, el estatuto de los trabajadores y prevención de riesgos laborales, la ley de empleo, el estatuto básico del empleado público y la ley del suelo.

Durante el trámite en Comisión, los grupos parlamentarios han pactado una enmienda transaccional al texto para que el Congreso pueda ejercer un control adicional sobre las leyes que refunda el Ejecutivo.

Desde el PSOE, José Enrique Serrano, se ha felicitado por la unanimidad alcanzada por una norma que pretende "podar la fronda legislativa en la que nos hemos acostumbrado a vivir".

"¿Cómo va a oponerse el grupo socialista a una norma como ésta, sería una insensatez?", se ha preguntado.

También ha aplaudido el acuerdo y el amplio "grado de aproximación" entre los grupos, la portavoz de UPyD, Rosa Díez, al igual que el diputado de CiU, Jordi Jané, que ha valorado el refuerzo del control parlamentario introducido en la ley.

Por su parte, la portavoz adjunta del PP en la Comisión Constitucional, Pilar Cortés, ha agradecido el trabajo de sus compañeros de ponencia del PP así como la "buena disposición" de los responsables del resto de grupos, en especial del socialista José Enrique Serrano.

La necesidad de elaborar textos refundidos ya se contenía en el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) y en otro informe de la OCDE sobre la gestión y racionalización de la regulación existente en España del año 2000