La juez instructora del conocido como caso Atutxa notificó ayer el archivo de la causa en la que se imputó al presidente de la Cámara vasca y a cinco diputados más por un presunto delito de desobediencia al Tribunal Supremo, al negarse a disolver el grupo de Sozialista Abertzaleak, heredero de la ilegalizada Batasuna, que dirige Arnaldo Otegi.
"La verdad se impone y la justicia resplandece", resumió Atutxa, visiblemente satisfecho tras conocerse que la juez del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco Nekane Bolado cerraba el caso. La magistrada ha resuelto que los hechos denunciados por la fiscalía y por el sindicato Manos Limpias "no son constitutivos de infracción penal". La decisión, que puede ser recurrida, afecta a Atutxa, pero también al vicepresidente primero de la Mesa del Parlamento, Gorka Knörr (EA); la secretaria segunda, Conchi Bilbao (IU), y a los parlamentarios de la Junta de Portavoces Joseba Egibar (PNV); Rafael Larreina (EA) y Antton Morcillo (Batasuna).
El caso Atutxa llegó a los tribunales en junio del 2003, después de que la Cámara vasca eludiese cumplir la orden dictada por el Supremo en marzo de ese año que, tras ilegalizar a Batasuna, conminaba a disolver su grupo parlamentario.
"VENTILAR" La juez apunta en su auto que, con este caso, se ha buscado "ventilar y poner en juego algo más que una mera responsabilidad penal". Y asegura que mantiene un "justo y exquisito equilibrio" para que la Justicia "no sirva como filtro" de otras responsabilidades.
En su resolución, de 45 folios, la juez afirma que ha valorado de modo "objetivo e imparcial" el material probatorio para llegar a la conclusión de que "en el ánimo" de Atutxa, Knörr y Bilbao estuvo "encontrar una vía" para cumplir la orden del Supremo, puesto que el reglamento de la Cámara se lo impedía. La magistrada apunta que la orden del Supremo de disolver al grupo supuso la "vulneración" de "derechos fundamentales" de la formación.
La juez reconoce que no le corresponde "controlar" cómo el Supremo obliga a ejecutar lo juzgado, pero señala que ordenó disolver un grupo parlamentario que no fue ni "condenado ni llamado al proceso". Recoge también que los imputados atendieron la doctrina del Tribunal Constitucional y un texto del Fiscal General del Estado para distinguir que una cosa es el partido ilegalizado y otra el grupo parlamentario.
Atutxa valoró positivamente la resolución al afirmar que "se da un paso muy importante en un proceso que nunca debiera haberse iniciado". En la misma línea, Conchi Bilbao, de IU, subrayó que "es el momento de pasar página y acabar con una justicia instrumentalizada por parte del Partido Popular".
