A partir del próximo sábado, cuando se cumplirá un año de la fallida declaración de independencia y de la destitución del Govern vía artículo 155 de la Constitución, Quim Torra podrá ejercer legalmente la facultad de convocar elecciones en Cataluña. Los partidos independentistas se habían conjurado hace unas semanas para aguantar la legislatura al menos hasta que empezara el juicio contra los impulsores del referéndum del 1 de octubre, pero lo cierto es que a partir de la semana que viene el presidente de la Generalitat tendrá en su mano pulsar el botón electoral cuando lo crea preciso.

Aunque los líderes tanto de JxCat como ERC han asegurado que no quieren elecciones inminentes, ya hay voces que piden a Torra que haga uso cuanto antes de esa prerrogativa estatutaria. Y no llegan desde un lugar cualquiera, sino del entorno de Carles Puigdemont, a quien el presidente de la Generalitat ha tomado como referencia absoluta desde que inició su mandato.

Pese a que Torra ha reivindicado en todo momento su papel subalterno con respecto a su antecesor, Puigdemont ha visto cómo en los últimos cuatro meses su impacto político y mediático ha ido decreciendo paulatinamente. Hace unos días, ERC rompió la mayoría independentista en el Parlament para no poner en riesgo legal a Roger Torrent, con el resultado de que Puigdemont no puede ahora participar en las votaciones de la Cámara, aunque formalmente conserva su acta.

El expresident tampoco ha logrado su objetivo de reunir por un día físicamente a su alrededor a todo el independentismo para hablar sobre el futuro del movimiento. La CUP se desmarcó el viernes del encuentro, previsto para mañana en Waterloo, entre duras críticas a los «intereses partidistas» que veía tras la convocatoria. En vista de las circunstancias, Puigdemont se conformará con reunirse a solas con Torra.

Si el independentismo -o más bien la parte del independentismo sobre la que Puigdemont conserva influencia- decide que le conviene ir a elecciones cuanto antes, podría no esperar a la sentencia del 1-O. Está previsto que en los próximos días se conozca formalmente qué penas piden los fiscales a los impulsores del referéndum, y se da por descontado que no renunciarán a acusarlos de haber encabezado una rebelión el año pasado. Esa podría ser la chispa que activara el mecanismo.

Por lo demás, y a pesar de la voluntad primigenia de JxCat y ERC de resistir a toda costa, el deterioro político del Govern se ha acelerado en las últimas semanas. Torra recibe ataques desde todos los flancos: los constitucionalistas vigilan todos sus movimientos para denunciar cualquier paso hacia la desobediencia que pudiera dar, y, lo que es mucho peor para él, un sector del independentismo considera inane su labor.

Es el caso de la CUP, que ayer criticó su «autonomismo», afirmó que vuelve a la calle y anunció que no se sentará a negociar los Presupuestos porque cree que no estarán «en la línea de desobediencia y de ruptura con el Estado» que los anticapitalistas propugnan. El partido también considera que no tiene sentido negociar las cuentas cuando desde el Govern y las dos formaciones que lo sustentan, JxCat y ERC, «buscan otras alianzas y estrategias dentro del Parlament»

La exconsejera Clara Ponsatí afirmó que la declaración de independencia que ha costado cárcel y ‘exilio’ a todos sus compañeros de Govern fue «un brindis al sol» y cargó también contra la tibieza de Torra: «No hemos visto que haga república».

Para más inri, se acabe o no consumando el adelanto inminente, Torra ha dejado muestras en las últimas semanas de que se encuentra más cómodo en el papel de independentista ‘civil’ que tenía antes que en el institucional que ahora ocupa. Sus roces con los Mossos a cuenta de su apoyo a los CDR podrían acabar de convencerle de que su lugar en el escenario político catalán no está en la silla de presidente de la Generalitat.