La Guardia Civil expone en una serie de informes que Carles Viver Pi-Sunyer, considerado el arquitecto del 'procés', "contemplaba" que a los funcionarios del Estado destinados a Cataluña "que o bien no fuesen catalanes de origen o bien perteneciesen a determinados cuerpos de la Administración" se les "repatriara" a España "y no se les permitiera acceder a la nacionalidad catalana". El expresidente del Consell Assesor per a la Transició Nacional también planteó que, para desincentivar a inversores, se les recordaría que se podía legislar sobre "expropiación forzosa" o "presionar a las empresas y grandes fortunas" por "las consecuencias de tener al nuevo Estado [catalán] en contra". Así consta en los documentos que el instituto armado ha entregado al juzgado de Barcelona que investiga el 1-O.

El también exmagistrado del Tribunal Constitucional vuelve a estar, según la Guardia Civil, en el epicentro de la creación de las denominadas estructuras de Estado de una Cataluña independiente, a pesar de que la magistrada que le investigaba decretó hace unos meses el archivo de la causa contra él. Para ello, el instituto armado ha analizado los documentos y otros materiales intervenidos durante los registros practicados el 20 de septiembre del 2016, cuando este jurista era director del Instituto de Estudios de Autogobierno.

La Guardia Civil sostiene en sus informes que Viver Pi-Sunyer, a su entender, actuó "de asesor, de ideólogo, de redactor, de coordinador y de supervisor" de las normas legales necesarias para "hacer efectiva la república", que tuvieron "como máxima expresión" la ley del referéndum de septiembre del 2017 y la de transitoriedad jurídica de octubre del mismo año.

Los investigadores precisan en sus escritos las reuniones que pudo mantener el expresidente del Consell Assesor per a la Transició Nacional con miembros del cesado Gobierno de Carles Puigdemont y diputados independentistas. Además, señalan, del material incautado se desprende que el Ejecutivo catalán "tenía preparadas más del 50%-60%" de las estructuras de Estado y un 80% respecto a las disposiciones normativas.

La "estrategia de secesión"

En este sentido, la Guardia Civil sostiene que Viver "participó en el diseño, coordinación e implementación de la estrategia de secesión". Los agentes apuntan que a él se le encomendaron determinadas leyes sobre la recaudación de impuestos y sobre la "integración voluntaria del personal de la Administración del Estado" en el nuevo cuerpo de funcionarios en una Cataluña independiente, entre otras.

Es ahí donde, según los informes de la Guardia Civil, Viver contemplaba la "repatriación" de determinados colectivos de funcionarios a España, a la vez que recomendaba que "si no se deseaba reclutar personal de fuera de Cataluña, se matizase con la exigencia de una serie de niveles y pruebas lingüísticas" y, de esta manera, se limitaba la selección.

"Sorprendentes fueron, cuanto menos, sus propuestas para contratar personal, obras y servicios", subrayan los escritos. Respecto al fichaje de altos cargos, puntualizan, "explicaba que eran sencillos de contratar porque no se necesitaría ni publicidad ni formalización previa a la desconexión y se podrían camuflar a través de cargo de confianza y fórmulas de derecho privado a través de fundaciones o sociedades". En cuanto a los cargos intermedios, detalla la Guardia Civil, la selección "tendría que realizarse por convicciones personales, servicio al país y perspectivas de ascenso".