La exfiscala general del Estado y única mujer de los cuatro que ejercieron la acusación en el juicio del 'procés', Consuelo Madrigal, publicó un artículo en el diario El Mundo que sorprendió por su dureza al denunciar incluso una "apropiación ilícita del poder" por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez que, añadía, "aprovecha el miedo, el cautiverio y la postración de la sociedad". Una asociación de abogados la ha denunciado ante la Fiscalía General del Estado por entender que con sus palabras contravino el Estatuto fiscal y pudo incurrir en sanción disciplinaria.
La denuncia del Foro de Abogados/as de Izquierda-Red de abogados/as Demócratas, a la que ha tenido acceso este diario, se basa en los artículos 59 y 63 de esa norma reguladora de la actividad de la carrera fiscal. En el primero se establece que "no podrán los miembros del ministerio fiscal pertenecer a partidos políticos o sindicatos o tener empleo al servicio de los mismos, dirigir a los poderes y funcionarios públicos o a corporaciones oficiales, felicitaciones o censuras por sus actos, ni concurrir con carácter o atributos oficiales a cualesquiera actos o reuniones públicas en que ello no proceda en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, tampoco podrán tomar parte en las elecciones legislativas, autonómicas o locales más que para emitir su voto personal".
El 63 castiga como falta grave esa conducta, cuando dirigir esas felicitaciones o censuras se hace "invocando la condición de fiscal, o sirviéndose de esa condición". En el caso de Madrigal firmaba el artículo como fiscal de Sala del Tribunal Supremo.
Según la asociación, Madrigal incluso excedía en algún momento la mera censura al Gobierno, como al afirmar que "siempre debe frenarse la ilegítima apropiación de poder por parte de los poderes legítimamente constituidos". En este punto, la denuncia se pregunta si "podríamos encontrarnos con una incitación similar a lo que ella, interpretaba como delito de rebelión o sedición hace poco desde los estrados del Tribunal Supremo".
Censuras
La asociación, que destaca el hecho de que Madrigal haya sido fiscala general del Estado, considera que a lo largo del artículo atribuyó al Gobierno de Pedro Sánchez las siguientes censuras: apropiación ilícita del poder; privación de libertad bajo un sistema de coerción policial innecesaria; imposición encubierta y sin control interno de un estado de excepción; dictar órdenes ministeriales de inmenso calado económico y fuerte compromiso de derechos de forma oportunista y sin que guarden ninguna relación con razones sanitarias o de público, y el cierre del portal de transparencia del Gobierno.
También destaca el colectivo de abogados las críticas que realizaba hacia la "prensa" a la que calificaba de "vasalla" y denunciaba "la imposición de filtros, la financiación pública de medios de comunicación, la restricción en la difusión de imágenes y la evaluación de la veracidad de las noticias".
