La jueza Mercedes Alaya, que investiga el supuesto fraude en los ERE pagados por la Junta de Andalucía, tendrá que abandonar la investigación sobre la financiación irregular de UGT en la región. Se trata de una decisión de la Audiencia de Sevilla, solicitada en un recurso por la Fiscalía, que entiende que las denuncias sobre facturas falsas en cursos de formación pagados con dinero público que fueron llegando a los juzgados el pasado verano no guardan relación con el 'caso ERE'.
La decisión supone un nuevo varapalo para Alaya, que no es la primera vez que comprueba cómo la Audiencia le corrige a la hora de poner fianzas o solicitar diligencias. En esta ocasión, la jueza entendió que las supuestas facturas falsas detectadas en UGT podían tener relación con las sobrecomisiones que la central sindical recibió de las mediadoras implicadas en la trama de los ERE por participar en la tramitación de las prejubilaciones. Según Alaya, se trataba de dos vías de financiación irregular del sindicato, por lo que abrió una pieza separada que se encuentra bajo secreto de sumario.
Suscribiendo dicha tesis, los juzgados de Sevilla que fueron recibiendo las distintas denuncias sobre facturas falsas -formuladas principalmente por el sindicato Manos Limpias- se inhibieron a favor de Alaya, que ya llevaba una causa contra el sindicato.
No obstante, en un auto fechado el pasado miércoles y adelantado este viernes por la cadena SER, la Sección Séptima de la Audiencia ordena a la juez apartarse del caso y acuerda que la investigación sea remitida a otro juzgado en función de las normas de reparto de causas del Decanato de Sevilla.
