La Audiencia Provincial de Madrid considera que hay indicios de delito en la utilización que hizo Unidas Podemos de su Caja de Solidaridad, por lo que la investigación tiene que continuar frente al criterio del juez Juan José Escalonilla de archivar esta parte de la causa que abrió ante la denuncia del exabogado de la formación José Manuel Calvente. En distintas resoluciones el magistrado había ido delimitando la investigación hasta dejarla reducida al delito de financiación ilegal que investiga si podría haber cometido el partido con los contratos que firmó con la empresa Neurona.

En la resolución de la Audiencia se da la razón a las acusaciones populares que ejercen Vox y la Asociación de Juristas Europeos pro Lege y ordena al titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid reabrir la parte relativa al delito de administración desleal que se podría haber conocido a través del Fondo de Solidaridad de Podemos. En su auto, la Sección 30 aprecia indicios de delito que obligan a continuar con las investigaciones, aunque la fiscalía no lo hago y haya anunciado que no tiene intención de acusar por estos hechos.

Para la Audiencia, se "constata que la asociación referida solicitó 50.000 euros a la Caja de Solidaridad de Podemos y que esta le transfirió 30.000 euros, mediante tres transferencias entre septiembre de 2019 y junio de 2020". Así como que parte de las personas que forman parte de esa asociación son miembros del partido y alguno con cargos relevantes (José Martínez Coy, Diana Peinado Serrano, Francisco Javier Bermúdez Díaz, Christian Luis Navarro Marrero, Alejandro Zapico Robledo e Irene Elina Lingua).

Sin datos del partido

Pero señala que Podemos no ha facilitado información sobre si concedió la cantidad de 50.000 euros, por lo que "es razonable pensar que concurre una vinculación subjetiva encubierta entre esa asociación y Podemos, que se pudiera haber utilizado para obviar las limitaciones" de la ley de financiación de partidos políticos "para operar al margen de la actividad inspectora del Tribunal de Cuentas, en beneficio de algunos, con perjuicio del resto de los miembros de Podemos y de los fines sociales a los que debieran dedicarse los fondos".

De ahí que resulte necesario investigar "el destino de esas cantidades, así como, en su caso, quienes autorizaron la disposición del dinero y los beneficiarios finales, cuestiones necesarias para la determinación de la eventual existencia del delito y de sus autores. Es por eso que procede estimar los recursos", señala el tribunal.