El Gobierno probó ayer la cicuta de la derrota parlamentaria. El Congreso derrotó su primer proyecto de ley para reformar la justicia. La ausencia de 18 diputados del Grupo Socialista impidió sumar la mayoría absoluta necesaria para reformar la ley del Poder Judicial que pretendía reforzar el consenso en el sistema de renovación de cargos judiciales. La mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial mantiene su poder para imponer sus candidatos en el Supremo. El alto tribunal debe renovar en enero cuatro presidentes de Sala y siete magistrados.

El "revés", como lo calificó el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, ocurrió en el pleno del Congreso. A la sesión faltaron 56 diputados, 18 del PSOE.

La ley de reforma del Poder Judicial era tan importante para el Ejecutivo de Zapatero que había forzado su tramitación por la vía de urgencia y en lectura única, un procedimiento que acorta el tiempo de aprobación y entrada en vigor. Pese a la premura del Gobierno por limitar el poder conservador en la justicia, más del 10% de sus diputados faltó a la votación, que requería mayoría absoluta para prosperar por el carácter orgánico de la ley. El proyecto del Gobierno salió derrotado con 169 votos a favor, 124 en contra y una abstención. Necesitaba 176 apoyos para prosperar. Estuvieron ausentes Zapatero, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega y los ministros José Antonio Alonso, José Montilla y Carmen Calvo. También faltaron el presidente del Congreso, Manuel Marín, y la vicepresidenta primera de la Cámara, Carme Chacón. El portavoz del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba anunció sanciones "máximas y tajantes".

El futuro de la reforma depende ahora de la interpretación del Reglamento del Congreso que hagan los letrados de la Cámara. El PP exigió que la norma sea devuelta al Gobierno, para reiniciar el trámite. Ello impediría que fuera aprobada antes de acabar el periodo de sesiones, que concluye en diciembre, y permitiría a la actual mayoría conservadora del CGPJ seguir imponiendo nombramientos de altos cargos judiciales.

PROXIMOS CAMBIOS En enero deben renovarse 11 magistrados del Supremo, el presidente del Tribunal Superior de Castilla y León y de cuatro presidentes de audiencias provinciales. Según el Gobierno, sólo es procedente una segunda votación en el pleno para las leyes orgánicas derrotadas. De ser así, la ley que obliga a que los nombramientos del CGPJ se realicen por mayoría de tres quintos estaría lista para limitar el poder conservador del órgano. La dirección socialista, la vicepresidenta y el secretario de Estado de relaciones con las Cortes se reunieron anoche para perfilar la estrategia que permita imponer su interpretación.