Tras escuchar a Pedro Sánchez el martes que no tiene intención de prorrogar el estado de alarma después del 9 de mayo, algunos presidentes autonómicos han empezado a temerse que se repita el caos legal que se vivió en otoño pasado, cuando los tribunales tumbaron restricciones aprobadas por los gobiernos de las comunidades. Y el reparo no se le escuchó este miércoles solo a dirigentes del PP, también ejecutivos liderados por el PSOE, como los de Castilla-La Mancha y el de la Comunitat Valenciana, expresaron su preocupación.
El consejero manchego de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, admitió que existen "ciertas dudas desde el punto de vista jurídico" sobre cómo actuar cuando la alarma acabe. Y Mònica Oltra, vicepresidenta del Gobierno valenciano, avisó de que algunas restricciones no se podrán llevar a cabo. Por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón desautorizó el confinamiento perimetral en la localidad de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza) o el del País Vasco levantó el cierre de los barres decretado por el Gobierno de Íñigo Urkullu.
"Ni una llamadita"
El dirigiente del PNV y Juanma Moreno (PP), presidente de la Junta de Andalucía, criticaron a Sánchez por haber decidido levantar el estado de alarma de manera unilateral y sin comunicárselo previamente a las autonomías. Moreno considera que Sánchez no ha "madurado" lo suficiente ese paso y no lo ha negociado con las comunidades. "Pido al Gobierno cogobernanza, que practiquen lo que predican", se quejó. "Una llamadita al menos", dijo Miguel Ángel Revilla (Partido Regionalista de Cantabria).
Para el líder de los populares, Pablo Casado, lo que debe hacer Sánchez es aceptar su ofrecimiento para reformar las leyes que sean necesarias, antes del 9 de mayo, para que las autonomías no queden al albur de los tribunales. Esos cambios darían "seguridad y estabilidad" a las comunidades, según el PP, que lleva casi un año pidiendo esos cambios jurídicos.
No lo ve así el Ejecutivo central que, pese a defender durante meses que el estado de alarma es el único instrumento que permite mantener ciertas restricciones, asegura ahora que las autonomías tienen competencias para frenar los contagios. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, recordó este miércoles que la justicia ha avalado, además, que las decisiones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (que reúne a los consejeros autonómicos y al Ejecutivo central) son de obligado cumplimiento, lo que dota de marco jurídico a las restricciones, informa Miguel Ángel Rodríguez. No hay que modificar ninguna legislación, no hay que añadir nada para afrontar el 10 de mayo. El 10 de mayo tenemos instrumentos ordinarios para que a cada paso que vayamos dando, se puedan resolver con el acuerdo continuo de coordinación de las comunidades autónomas y el Gobierno, sabiendo que las acciones coordinadas las tenemos que cumplir, sentenció, rechazando la invitación del PP. Así las cosas, todo apunta a que los tribunales seguirán siendo los árbitros de la pandemia.
