Llegó la hora. A las diez de la mañana, el magistrado Javier Gómez Bermúdez declarará abiertas las sesiones del juicio del 11-M. Veintinueve procesados --11 están en libertad-- serán juzgados por preparar, ejecutar o colaborar en la masacre de Madrid que provocó la muerte a 192 personas y heridas a 1.824, tres días antes de las elecciones del 2004 que perdió el PP. Pero, junto a los procesados, en la vista también se enjuiciarán los intentos políticos y mediáticos de vincular a ETA con la masacre, la llamada teoría de la conspiración.
La vista --que se prolongará hasta julio-- tiene todos los ingredientes de una película de suspense. Las víctimas eran en su mayoría trabajadores, entre ellos inmigrantes, que usaban el corredor del Henares para ir a Madrid en los trenes de cercanías.
La lucha de poderEl atentado también ha desatado una encarnizada pelea entre Gobierno y PP. Los populares --que han usado la masacre para deslegitimar la victoria electoral de José Luis Rodríguez Zapatero-- y sus satélites mediáticos se empecinaron, desde el mismo 11-M, en atribuir la autoría a ETA. Después, tras la detención de la célula islamista, han buscado hasta la saciedad lazos entre Al Qaeda y los etarras. Unas fabulaciones que no se sostienen judicialmente y que han sido descartadas por las fuerzas de seguridad.
Pese a ello, el tribunal ha accedido a que testifiquen el etarra Henri Parot, cuyos datos se hallaron en manos de un preso islamista, y otros dos miembros de ETA detenidos mientras trasladaban a Madrid media tonelada de explosivos en vísperas del 11-M. Por contra, la Audiencia ha rechazado citar a miembros del anterior Gobierno o del actual.
El PP sigue sin querer admitir que el atentado fue la respuesta de los islamistas radicales al apoyo que España brindó a la guerra de Irak. Tampoco reconoce que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) alertó al Gobierno del PP de la posibilidad de un atentado tras las detenciones de una célula española de Al Qaeda, en noviembre del 2001. Los avisos no fueron atendidos entonces por el Gobierno de José María Aznar, pero el PP, sin asumir responsabilidad, ha apoyado la teoría de la conspiración.
La vista comenzará con el interrogatorio de Rabei Osman Sayed, el Egipcio, detenido en Milán (Italia) y condenado en aquel país a 10 años de cárcel. En las llamadas intervenidas que hizo a un amigo en esa ciudad dijo que "Madrid es una lección para Europa", y celebró la victoria de Zapatero: "Ha sido más astuto, porque ha entendido enseguida el valor de los árabes y apenas entrar en el cargo de Gobierno ha abierto un diálogo con marroquís y árabes".
Durante el juicio al que fue sometido en Italia, el Egipcio guardó un mutismo casi total, salvo cuando iba a conocer el fallo. Entonces afirmó: "Estoy aquí, listo para ser condenado en un proceso político contra el Islam". Después serán interrogados los otros dos presuntos inductores de la matanza. Tras ellos, les tocará a los tres presuntos autores materiales capturados, y luego comparecerán los otros acusados. La llamada trama asturiana cerrará los interrogatorios.
Los 29 imputados se enfrentan a penas que superan los 200.000 años de cárcel. Durante la vista declararán más de 600 testigos, entre ellos la anterior cúpula policial que, bajo el mando del entonces ministro del Interior, Ángel Acebes, dirigió la investigación que permitió detener a esta célula islamista.
La fiscalía intentará demostrar que la matanza de Madrid se empezó a gestar a mediados del 2003, cuando Al Qaeda decidió "realizar una acción terrorista para dar muerte al mayor número posible de personas". Al mando de la célula estaba Serhane ben Abdelmajid, el Tunecino, apoyado por Allekema Lamari, Jamal Ahmidam, Rachid y Mohamed Aulad, Asri Rifat y Abdenabid Kunjaa. Cercados por la policía, los siete se suicidaron en Leganés.
La fiscalía ha identificado a 12 de los terroristas que colocaron las 13 bombas que estallaron en las estaciones de Santa Eugenia, El Pozo del Tío Raimundo, Atocha y la calle Téllez, incluidos a los siete suicidas de Leganés; a uno que murió en atentado en Irak y a otro que está huido. Por tanto, solo tres de ellos se sentarán en el banquillo.
El grupo fue financiado con el tráfico de drogas, y el explosivo --entre 50 y 100 kilos de goma-2 Eco--, robado de una mina asturiana por José Emilio Suárez Trashorras. Los peritos han negado que en los focos de las explosiones se encontraran otras sustancias como Titadine, habitualmente usada por ETA.
