Las principales patronales del sector financiero, la de los bancos (AEB) y la de las antiguas cajas de ahorro (CECA), están preparando un comunicado en respuesta a la declaración de independencia de Catalunya votada en el Parlament. Las entidades quieren mandar un mensaje de tranquilidad a sus clientes, y al tiempo reafirmar su defensa de la legalidad y su reconocimiento exclusivo de las leyes españolas.
Las asociaciones y sus asociados ya estuvieron a punto de sacar un documento el pasado 10 de octubre, coincidiendo con la comparecencia del 'president' Carles Puigdemont en el Parlament en la que dejó en suspenso la independencia. La no declaración formal de la misma hizo que las entidades decidieran dejar apartado en un cajón el pronunciamiento, que ya estaba redactado y al que esta tarde están ultimando los cambios para adaptarlo a las nuevas circunstancias.
Precisamente, el consejero delegado del Sabadell, Jaume Guardiola, ha asegurado este viernes que su entidad está "siempre en la defensa de la legalidad y de la fortaleza de las instituciones", ya que "un banco necesita un marco de legalidad estable". Su homólogo del BBVA, Carlos Torres Vila, ha afirmado que la independencia "no es el escenario" que contempla su entidad y ha defendido que "España es un Estado democrático de derecho, donde funcionan las instituciones y la ley" y donde existen vías legales para resolver las discrepancias políticas.
Comunicado del 2015
Se trata del segundo comunicado que sacan las dos patronales sobre la situación de Catalunya después del que publicaron en el 2015 previo a las elecciones autonómicas de septiembre de aquel año. "La exclusión de Catalunya de la zona euro, como consecuencia de la ruptura unilateral del marco constitucional vigente, comportaría que todas las entidades bancarias con presencia en Catalunya afrontarían graves problemas de inseguridad jurídica. Estas dificultades obligarían a las entidades a reconsiderar su estrategia de implantación, con el consiguiente riesgo de reducción de la oferta bancaria y, con ello, de exclusión financiera y encarecimiento y escasez del crédito", advirtieron entonces. Tras el referéndum del pasado 1 de octubre, el Sabadell trasladó su sede social y fiscal a Alicante y CaixaBank hizo lo propio a Valencia.
"En todo momento, debe preservarse el orden constitucional y la pertenencia a la zona euro del conjunto de España. De otro modo se pondría en grave riesgo el objetivo de las entidades, que no es otro que proteger a sus depositantes y mantener el flujo de financiación a familias, a pymes y a los sectores productivos y generadores de empleo del país. AEB y CECA hacen un llamamiento a los líderes políticos para que, por medio del diálogo, impulsen las reformas que permitan seguir progresando en la consecución de mayores niveles de bienestar y cohesión social para todos", advirtieron también en el 2015 las patronales presididas por José María Roldán y Isidre Fainé, respectivamente.
