El 2017 será un año judicial endiablado. En los tribunales de justicia se dirimirá durante los próximos 12 meses la presunta corrupción que ha invadido durante años la esfera política española. Las salas de juicio serán testigos también de las consecuencias de la judicialización del proceso soberanista catalán y de los escándalos de presunta financiación irregular que han salpicado a la extinta Convergència y su exsocio, Unió, aunque será el PP el que especialmente prosiga con su calvario judicial con un protagonista principal, Luis Bárcenas, y algunos no tan secundarios, como Rodrigo Rato, Púnica, Imelsa, Taula... Al PSOE le tocará su turno en otoño, con Manuel Chaves y José Antonio Griñán. La guinda del pastel será la sentencia a Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina.
‘CASO GÜRTEL’
Se le atragantó enero del 2013 al PP al divulgarse los papeles de Bárcenas y tampoco le espera una digestión tranquila en este inicio del 2017. El extesorero popular abrirá el día 16 la segunda tanda de comparecencias en el juicio del caso Gürtel, una de las varias causas en las que el PP está acusado como responsable civil subsidiario a título lucrativo y de las que este año se sabrá la sentencia.
La relación entre la fuerza conservadora y Bárcenas está ahora más calmada. Prueba de ello es que el extesorero retiró en septiembre la acusación contra el PP por la destrucción de los ordenadores que usaba en la sede de la calle de Génova y que según él estaban repletos de pruebas de la contabilidad en B. Su giro copernicano, no obstante, no disuadió a la jueza, que mantuvo abierta la causa contra el partido por un delito informático y de encubrimiento.
Acusado de embolsarse 1,24 millones de euros en comisiones de la Gürtel y de un fraude fiscal de 11,7 millones, la fiscalía pide 42 años y medio de cárcel para el extesorero, que podrá ver in situ las declaraciones como testigos de Ángel Acebes, Francisco Álvarez Cascos, Jaime Mayor Oreja y Rodrigo Rato (a quien también le espera el caso Bankia). De fondo, la presunta financiación irregular del PP con supuestas donaciones ilegales por valor de ocho millones de euros entre 1990 y el 2008. Como compañeros de viaje en este nutrido año judicial popular, las diferentes ramificaciones valencianas y la trama Púnica.
‘CASO ERE’
El 2017 será el año que sentará también en el banquillo a la cúpula de la Junta de Andalucía durante casi dos décadas. Los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, apartados ya de la política e incluso de la militancia en el PSOE, deberán dar explicaciones sobre el sistema puesto en marcha en la Administración regional que supuestamente permitió repartir más de 800 millones de euros en ayudas de forma discrecional y al margen de cualquier control, dando pie al mayor caso de corrupción andaluz.
El juicio del caso ERE será la gran cita judicial del año en Andalucía, aunque no llegará hasta el último trimestre. El pasado mes de noviembre, casi seis años después de iniciada la causa, el juez Álvaro Martín dictó el auto de apertura de juicio oral, en el que señala a ambos expresidentes por idear y mantener un sistema cuanto menos inadecuado de reparto de ayudas públicas. Chaves y otros siete imputados se enfrentan a diez años de inhabilitación por prevaricación, delito al que la acusación popular que ejerce el PP suma dos años de cárcel por asociación ilícita. Para Griñán y otros 17 acusados se piden entre seis y diez años de cárcel y 30 de inhabilitación, ya que también serán juzgados por malversación.
El juicio representa además un gran reto logístico, al requerir una sala que acoja a los 26 acusados y las defensas sin interferir en otros procesos. Todo apunta a que la fecha se fije en enero o febrero, tras resolver el recurso de los expresidentes y 24 exaltos cargos implicados contra el auto de apertura de juicio oral.
‘CASO NÓOS’
El 2017 será el del 20º aniversario de su boda, pero sobre todo será el año en que Iñaki Urdangarin y Cristina de Borbón conozcan la sentencia del caso Nóos. El cuñado del Rey arrastra una petición de 19,6 años de cárcel por parte de la fiscalía, que le atribuye los delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, fraude, estafa, falsedad, dos delitos fiscales y blanqueo de capitales cometidos presuntamente a través de una fundación. La infanta, a quien el ministerio público exime de toda culpa, se enfrenta a una solicitud de ocho años formulada por la acusación popular (Manos Limpias), que la considera «cooperadora necesaria» en los dos delitos fiscales de su esposo.
El juicio de Nóos se alargó del 11 de enero al 22 de junio del año pasado y estaba previsto que la Audiencia de Palma hiciera público el fallo a finales del 2016. Sin embargo, la jueza Samantha Romero, una de las tres integrantes del tribunal y la encargada de redactar la sentencia, pidió una prórroga de tres meses, hasta el próximo mes de marzo, para dedicarse en exclusiva a ese cometido. El veredicto se hace esperar, aunque fuentes jurídicas pronostican que el exduque lo tiene muy difícil para salvarse de la prisión. No así su mujer. Además de este matrimonio están acusadas otras 15 personas. El exsocio de Urdangarin, Diego Torres (que se enfrenta a una petición de 16,5 años de cárcel por parte del fiscal), la esposa de este, Ana María Tejeiro (dos años), y el expresidente balear Jaume Matas (cinco) son los más destacados.
