El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los cuatro 'exconsellers' que permanecen en Bélgica volverán a comparecer la próxima semana en los juzgados belgas. Será, según ha confirmado la Fiscalía de Bruselas, el viernes 17 de noviembre en la Cámara del Consejo de Bruselas -un tribunal de primera instancia- que deberá decidir si ejecuta o no la orden europea de detención y entrega solicitada por España.
La vista tendrá lugar en el Gran Palais, el mastodóntico Palacio de Justicia que está en permanente renovación desde hace décadas. El juez escuchará de nuevo uno a uno a cada uno de los cinco políticos catalanes, en audiencias individuales y a puerta cerrada, que se celebrarán en neerlandés, la lengua escogida por todos ellos para el procedimiento.
Los cinco políticos catalanes -Puigdemont, Toni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Lluis Puig- se entregaron voluntariamente a primera hora del domingo en una comisaría del centro de Bruselas. Al filo de la medianoche el juez de instrucción encargado de decidir sobre su detención/liberación determinó que no presentaban un riesgo de fuga inminente y decidió liberarlos con condiciones: prohibición de abandonar Bélgica sin la autorización del juez de instrucción, la obligación de residir en una dirección fija (sea una hotel o un piso alquilado) y, por último, la obligación de presentarse ante las autoridades judiciales y policiales cuando sea convocado.
Vida normal y campaña electoral
Estas medidas permitirán a Puigdemont hacer vida normal en Bruselas e incluso campaña electoral para el 21-D. De hecho este martes se espera el desembarco en la capital belga de 200 alcaldes independentistas procedentes de Catalunya para “apoyar al Govern” cesado y para denunciar ante las instituciones europeas “la actual situación política y judicial”. A la 1 del mediodía se concentrarán frente a la sede de la Comisión Europea y cerrarán la jornada con un acto a las cinco de la tarde en el Palacio de Bellas artes, convocado por la asociación de municipios catalanes y la asociación de municipios por la independencia y al que bien podría asistir Puigdemont.
Según los plazos, la Cámara del Consejo de Bruselas tiene ahora 15 días para decidir si ejecuta o no la euroorden aunque este plazo, según fuentes de la fiscalía, no es cerrado y podría prolongarse si el juez considera que necesita información adicional de España o si la defensa pide más tiempo. Otras fuentes insisten, en cambio, que el plazo de 15 días está tasado. Lo primero que tendrá que hacer el magistrado es comprobar que los delitos de los que se les acusa en la euroorden -rebelión, sedición, malversación de fondos públicos, prevaricación y desobediencia- existen también en Bélgica.
Los abogados de Puigdemont podrán alegar riesgo real de violación de sus derechos fundamentales pero tendrán que concretar con detalle sus alegaciones porque la euroorden parte de la base de que los países de la UE son seguros. Si determina que Puigdemont y los cuatro exconsellers deben ser entregados a España, sus abogados -Paul Bekaert y Michele Hirsch, que representa a Comín y Serret- podrían presentar recurso ante un tribunal de apelaciones que tendría otros 15 días para decidir.
Si el veredicto es contrario a los intereses de los cinco políticos, estos tendrían todavía una última oportunidad de presentar recurso en casación, cuyo magistrado tendría otros 15 días para decidir. Es decir, el proceso podría prolongarse más allá de las elecciones del 21D. Quien no podrá recurrir en todo el proceso es España.
