La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha asegurado este miércoles que la retirada de la residencia a un grupo de españoles por las autoridades de Bélgica es "legal", en aplicación de la normativa europea, aunque ha subrayado que al Ejecutivo no le gusta.
"El Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer: pedir explicaciones e información a través de nuestras autoridades diplomáticas al Gobierno de Bélgica", ha respondido Báñez en el pleno del Congreso, en respuesta a la diputada socialista Carmen Silva, que le había preguntado por la "expulsión de 300 emigrantes españoles" de ese país.
Lo que han comunicado las autoridades belgas, según la ministra, es que se ha privado de residencia a 2.500 ciudadanos de algunos estados de la UE. Aparte de a esos españoles, a 200 franceses, 300 italianos, 300 holandeses, 400 búlgaros, 800 rumanos y también a portugueses, británicos, polacos y eslovacos.
Normativa comunitaria
Las autoridades belgas, ha proseguido Báñez, lo hacen alegando que aplican la normativa comunitaria --en concreto el artículo 35 de la directiva europea-- sobre residencia y libre circulación de ciudadanos. "Por tanto --ha afirmado--, es una decisión legal, aunque no nos guste, y es una decisión que la Comisión Europea ha avalado posteriormente con sus declaraciones".
Báñez ha insistido en que el Gobierno está apoyando y atendiendo a todos los españoles en el extranjero, incluidos los de este caso. La ministra ha recordado que la directiva citada fue impulsada en su momento por un comisario socialista de Justicia e Interior, el portugués Antonio Vitorino, y "aplaudida y apoyada" por los eurodiputados socialistas.
"Carga para el sistema"
Las autoridades belgas comunicaron a esos españoles que debían abandonar el país por ser una "carga irracional para el sistema".
La portavoz de la Oficina de Extranjería de Bélgica, Dominique Ernould, ha explicado en Bruselas que este concepto, examinado caso por caso, se refiere a personas que llevan en el paro más de un año, no hacen gestiones para encontrar empleo y se instalan en un sistema de ayudas sociales.
