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LLEGADA A SAN TELMO

El botín de la Junta

PP y Cs heredan por primera vez una Administración andaluza con 270.000 empleados

 

EL PERIÓDICO
16/01/2019

El histórico cambio en la Junta de Andalucía afectará de manera inminente a 660 cargos de confianza, de los que 273 son altos cargos y asimilados -altos cargos de empresas públicas-, entre los que figuran 141 que tienen derecho a una asignación económica con motivo de su cese siempre que, además, acrediten como mínimo un año de desempeño como personal alto cargo. Entre estos 660 cargos de confianza figuran también 239 eventuales y 148 contratos de alta dirección del sector instrumental.

Con un plan de adelgazamiento bajo el brazo, el PP y Cs heredarán por primera vez la gestión de los 270.101 empleados públicos que forman la Junta, de los que 242.797 (un 89,9% del total) pertenecen a la Administración General y Sectores, y 27.304 (el 10,10%) al sector instrumental.

Un total de 96.451 trabajadores son del sector de docencia no universitaria, que es así el bloque más numeroso, aventajando ligeramente al de sanidad -con 95.184- y situándose por delante de la Administración general -con 43.641 empleados- y la justicia, que concentra 7.521 trabajadores.

Los 660 cargos de confianza representan el 0,20% del total de empleados públicos de la Administración autonómica, y los 273 altos cargos y asimilados suponen el 0,10% de la Administración General y Sectores, mientras que los 148 contratos de alta dirección del sector instrumental representan el 0,50% sobre el total de empleados de dicho sector.

A todo ello hay que añadir que la Junta tiene 2.137 funcionarios de libre designación, que son funcionarios de carrera por oposición y jefes de servicio tras el procedimiento público interno convocado, regulado por una ley autonómica. Esta cifra representa el 0,90% del total de empleados de Administración General y Sectores.

PERSONAL "IMPARCIAL"

Desde la Junta subrayan a Europa Press que el personal que ocupa estos puestos «está sometido a los principios de imparcialidad, servicio al interés general, objetividad y sometimiento pleno a la ley y al derecho y, en todos los casos, se trata de personal funcionario de carrera», de modo que quedan excluidos quienes no hayan aprobado una oposición. El pacto PP-Cs contempla una ley de «despolitización» de la Junta que incluye la restricción del sistema de libre designación y la apuesta por los «concursos de méritos».

La Junta cifra en 268 sus altos cargos y asimilados, de los que 141 tienen derecho a una asignación económica con motivo de su cese siempre que, además, acrediten al menos un año de desempeño como personal alto cargo. En concreto, tienen derecho a dicha cesantía la presidenta saliente, Susana Díaz, los 13 consejeros salientes, 100 titulares de viceconsejerías, secretarías generales, secretarías generales técnicas y direcciones generales; 19 directivos de agencias administrativas y agencias de régimen especial, y ocho titulares de las delegaciones del Gobierno andaluz.

En paralelo, la Junta ha realizado un inventario de entes dependientes de la comunidad que incluye 69 más 12 agencias administrativas que se someten al régimen de Administración general, siendo su personal funcionario y laboral.

Además, el inventario contabiliza 108 entes que no pertenecen al sector público andaluz, de los que 33 están en extinción. En concreto, la Junta cuenta con 23 consorcios, 57 fundaciones y 28 sociedades mercantiles.

El inventario incluye también 25 entes de tipo variado que no tienen la consideración de «administración instrumental», entre las que figuran las 10 universidades públicas, el Consejo Audiovisual y el Consejo de Transparencia. PP y Ciudadanos se proponen ahora «eliminar todos los entes que se consideren innecesarios o que se hayan visto expuestos a la corrupción» en los últimos años.