La de ayer fue una de las reuniones parlamentarias más breves que se recuerdan. Joan Herrera, portavoz de Izquierda Verde (IU-ICV), retiró su petición de que compareciera "urgentemente" el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, que había motivado la reunión de la Diputación Permanente del Congreso (el órgano legislativo y de control al Gobierno en periodo vacacional).
La promesa del Gobierno de que la secretaria de Estado de Asuntos Sociales, Consuelo Rumí, acudirá a las Cortes en septiembre a explicar la reforma legislativa sobre inmigración que planea el Gobierno convenció al grupo que lideran Herrera y Gaspar Llamazares, pero enfureció al PP. Cuando terminó la reunión, los populares hicieron ostentación pública de su indignación porque ni siquiera había sido necesario votar. "La próxima vez, lo sigo por la tele", aseguró un representante popular.
Eduardo Zaplana, portavoz del PP, calificó la jornada como una "tomadura de pelo" y aseguró que el diputado de Izquierda Verde había "pedido instrucciones con la mirada" al portavoz socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, antes de retirar su petición de comparecencia de Caldera. Otro diputado del PP, Vicente Pujalte, cifró en 19.000 euros (20 millones de pesetas) el coste para el erario de la reunión de ayer, entre los billetes de avión de los diputados y el pago de los servicios de la Cámara.
EL COSTE DEL APOYO Zaplana también acusó a los socialistas de estar preparando "pactos ocultos" con las fuerzas minoritarias que "no serán gratis", y auguró que el coste de esos apoyos se reflejará en los próximos presupuestos del Estado. Asimismo, Zaplana auguró que el Gobierno, dada su "inestabilidad", se verá obligado a "adelantar las elecciones". Por su parte, Rubalcaba negó cualquier acuerdo secreto con Izquierda Verde y aseguró que el resultado del debate de la Diputación Permanente pone de manifiesto la estabilidad del Gobierno.
