La Policía Nacional ha desarticulado una organización que obligaba a mujeres brasileñas a ejercer la prostitución en Las Palmas, Barcelona e Ibiza en una operación que ha supuesto la detención de ocho personas y el registro de cuatro domicilios.

El grupo captaba a chicas, de 18 a 23 años, en su país de origen y las aleccionaba para hacerse pasar por turistas en los cruces de fronteras, según una nota de la Policía Nacional. Una vez en España, las víctimas eran trasladadas a alguno de los domicilios que tenía la red y eran explotadas sexualmente bajo un estricto control y medidas de seguridad.

Los detenidos, de entre 30 y 54 años, son tres hombres de nacionalidad española y cinco mujeres, de las cuales tres son españolas y dos brasileñas. Todos los arrestos se han practicado en Canarias.

En los cuatro registros domiciliarios, tres de ellos en Las Palmas de Gran Canaria y uno en Barcelona, se han intervenido 7.240 euros en efectivo, varios ordenadores portátiles, teléfonos móviles de última generación y abundante documentación relacionada con los hechos.

La operación se ha desarrollado en el marco del Plan Policial contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual de la Policía Nacional.

La investigación comenzó cuando los agentes detectaron que en un domicilio de Las Palmas de Gran Canaria se estaba ejerciendo la prostitución por parte de chicas de origen brasileño. Las primeras pesquisas confirmaron que las jóvenes habían accedido al país bajo la falsa apariencia de turistas para después ser explotadas sexualmente en España y que sus servicios sexuales eran ofertados tanto en prensa local como a través de Internet. Los investigadores averiguaron que las chicas dependían de una organización criminal, que se aprovechaba de su situación de necesidad en su país de origen y les imponía una deuda económica muy elevada por el viaje. El grupo sabía que la cuota impuesta no iba a poder ser saldada y por ello las obligaban a ejercer la prostitución bajo un estricto control y medidas de seguridad en varios inmuebles. La organización diseñaba de forma meticulosa el acceso de las mujeres al territorio nacional para evitar que fueran detectadas por las autoridades.

El viaje comenzaba en el país de origen, que en la mayoría de los casos era Brasil y tras varias escalas, algunas de ellas internacionales, llegaban a distintos aeropuertos españoles ubicados en Las Palmas, Barcelona e Ibiza, desde donde eran trasladadas a alguno de los domicilios de la red.

Parte del entramado criminal se ubicaba en Brasil. Los captadores se encargaban de obtener el pasaporte y los billetes de viaje de las víctimas, al tiempo que se encargaban de aleccionar a las chicas para que pudieran superar con éxito los controles policiales.

Estos miembros de la organización recibían dinero en efectivo, que les enviaban desde España, en concepto de comisiones por sus servicios, aunque también lo utilizaban para financiar el viaje de nuevas víctimas a España.

Algunas de estas mujeres, una vez saldada la deuda con la organización, pudieron regresar a su país de origen, según la información aportada por las autoridades brasileñas a los investigadores españoles.

La investigación ha sido desarrollada por el Grupo I de la Brigada Central contra la Trata de Seres humanos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de Las Palmas y la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Barcelona.