Nuevo cambio en el Gobierno, y en concreto de su vicepresidenta, sobre el destino de Francisco Franco una vez sea exhumado del Valle de los Caídos. Primero, Carmen Calvo dijo que el Ejecutivo no podía hacer nada para impedir el deseo de los nietos del dictador de enterrarlo en la catedral de la Almudena de Madrid, donde son propietarios de una cripta. Después, que la ley impedía que el cadáver fuese a parar a un lugar tan céntrico, a menos de un kilómetro de la Puerta del Sol, porque podría ser exaltado por sus seguidores. Ayer, sin embargo, la posición de Calvo volvió a virar.

La vicepresidenta señaló que todo dependía de una reforma de la ley de memoria histórica. El enfoque complica el deseo del Gobierno de zanjar este asunto de forma rápida. Su compromiso de que Franco saldrá del Valle de los Caídos «antes de que acabe el año» está cada vez más en el aire.

Después de que el Vaticano rectificara la versión del Gobierno en un comunicado por completo inusual, a raíz de la interpretación que Calvo dio de su encuentro a principios de semana con el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, la número dos del Gobierno no dijo nada ayer sobre la supuesta colaboración con la Iglesia para que el dictador no fuera a la Almudena.

La posibilidad de que los huesos de Franco acaben allí pone los pelos de punta al Ejecutivo. La exposición de la tumba sería muy superior a la del Valle de los Caídos, a 50 kilómetros de la capital. La vicepresidenta se limitó a trasladar que el acuerdo con la Iglesia se ciñe a la exhumación, y que los socialistas iban a proponer «modificaciones de la ley de memoria histórica para que el dictador esté en un lugar privado, decoroso, sin enaltecimiento».

La reforma de esta ley se encuentra ahora en el Congreso, para que incluya el decreto de exhumación de Franco. El plazo para presentar enmiendas acaba el martes, pero el PP y Cs podrían ampliarlo, empleando su mayoría en la Mesa de la Cámara baja, algo que han hecho otras veces.