El ministro de Justicia, Rafael Catalá, en su toma de posesión y en presencia del ministro saliente, Alberto Ruiz-Gallardón, así como de la vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría, y un buen número de miembros del Gobierno y la judicatura, se ha comprometido a realizar un "análisis y mejora" de una de las medidas más polémicas puestas en en marcha por su antecesor: la ley de tasas judiciales que obliga al pago de aranceles para poder pleitear, salvo en el orden penal.
Catalá, no obstante, se ha mostrado dispuesto a "sacar adelante" otras reformas de Gallardón y que quedan pendientes, como los cambios en el Código Penal o la ley de enjuiciamiento criminal.
El nuevo ministro ha "convocado" a todos los operadores de justicia a llegar a un gran pacto para mejorar el funcionamiento de los tribunales y ha mostrado su compromiso con el "Estado de Derecho" y el ""imperio de la ley". Catalá, que ha participado esta mañana en el Consejo de Ministros extraordinario para impugnar la consulta catalana, no ha hecho ninguna referencia explícita al desafío soberanista.
