El actual sistema de financiación autonómica se fundamenta en la cesión de una cesta con todos los impuestos, con la excepción del que grava los beneficios de las sociedades. En la misma se incluye un 33% del IRPF, un 35% del IVA, un 40% de los tributos especiales sobre los carburantes, alcoholes y tabacos, y el 100% de los que recaen sobre la electricidad o la matriculación de coches.
Además existen impuestos cedidos, que ya lo eran con anterioridad, pero con una mayor capacidad normativa y cuyos ingresos se quedan en un 100% en las comunidades autónomas. Se trata de los tributos sobre el patrimonio, sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados o las tasas del juego.
El modelo que entró en vigor en el año 2002, negociado entre el PP y CiU, fue cuestionado desde un inicio. Cataluña aspiraba a la renegociación del sistema de financiación a lo largo de esta legislatura.
El modelo que propugna el tripartito catalán no es visto con buenos ojos en Aragón, ya que prima la población sobre el territorio. La Generalitat apuesta por una participación en todos los tributos, incluido el que pagan las sociedades, con más capacidad normativa. También opta por una fórmula que se encamine a un nivel de ingresos por habitante que "tenderán a equipararse progresivamente a los obtenidos en aplicación de los sistemas de concierto y convenio vigentes en las autonomías forales" (Euskadi y Navarra). A. S.
